Todos los gobiernos que participan en los esfuerzos internacionales para combatir el cambio climático ejercen un control total sobre sus territorios. Esta es la suposición errónea que suelen hacer la COP y otras instituciones de gobernanza global, un error que tiene consecuencias graves.
Tomemos, por ejemplo, el Acuerdo de París de 2015, que los líderes mundiales firmaron en la COP21, la 21 conferencia anual de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). El tratado establece un marco para un mercado mundial del carbono que ayude a limitar el calentamiento global a un máximo de 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales.
El acuerdo se basa en que los gobiernos nacionales controlan sus territorios y sus recursos naturales, y, lo que es más importante, pueden evitar la deforestación y la minería ilegal. Esta visión centrada en el Estado no refleja la realidad de lo que ocurre en muchos países, incluido el anfitrión de la COP30 de este año: Brasil.
