En marzo, cientos de personas salieron a protestar en distintas ciudades de Cuba por la falta de alimentos y electricidad, y a reclamar “Libertad” y “Patria y vida”, un desafío al “Patria o muerte” de Fidel Castro.
Las protestas más multitudinarias ocurrieron el domingo 17 de marzo en Bayamo, Santiago de Cuba y Holguín, ciudades del este del país, y aparecieron en un momento complejo para el gobierno encabezado desde 2019 por Miguel Díaz-Canel. En febrero, el presidente destituyó a un estrecho aliado, su ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, y en una nota oficial en marzo lo acusó de corrupción. Nadie ha revelado, como es costumbre en Cuba, la naturaleza y el alcance de esa corrupción. Cuando se hace referencia a los hechos de los que se acusa a Gil, el gobierno menciona corrupción, simulación e insensibilidad.
La destitución podría ser pedido de la cúpula militar-empresarial – que maneja la economía cubana desde la caída de la Unión Soviética (1991) –, aunque esto es difícil de comprobar. Es posible que miembros de la seguridad del Estado, infiltrados en la sociedad civil cubana, hayan palpado el creciente malestar popular. Díaz-Canel quizás haya supuesto que la caída en desgracia de Gil aplacaría el descontento.
