Los donantes bilaterales y multilaterales ocupan un lugar crítico en el modelo de negocio predominante en el ámbito de los derechos humanos. Su financiamiento es esencial para el avance de los derechos humanos; sin embargo, es posible que con sus enfoques actuales también estén acelerando, sin darse cuenta, el proceso de reducción del espacio cívico.
Tan solo en 2015, se documentaron amenazas graves a las libertades cívicas en más de 100 países. Mientras los donantes se alían con la sociedad civil para contrarrestar la reducción del espacio cívico, es posible que sus frecuentemente rígidos sistemas de financiamiento (que a menudo se enfocan en los proyectos de corto plazo en lugar de en las luchas de largo plazo) en realidad disminuyan la eficacia y obstaculicen el apoyo a los nuevos movimientos que son fundamentales para el cambio social.
Hoy en día, los donantes internacionales necesitan emprender una revaluación crítica de su papel en el modelo de negocio de los derechos humanos. Parte de este proceso, que tiene que ser participativo, debería implicar una evolución hacia un sistema de mayor empoderamiento que dé prioridad al apoyo sostenible y de largo plazo para las ONG establecidas y los movimientos sociales emergentes.
