Las restricciones a la movilidad durante la crisis de la Covid-19 han puesto de manifiesto dos caras de una misma moneda: por un lado, el confinamiento como privilegio de las clases urbanas que pueden aislarse del mundo exterior y por el otro, la profundización de la situación de vulnerabilidad laboral, habitacional y legal que personas inmigrantes, en especial aquellos con ingresos insuficientes, mayores sin redes de apoyo, trabajadoras del hogar, recién llegados, solicitantes de asilo e indocumentados venían sufriendo.

En medio de esta emergencia, Barcelona ha sido una de las caras visibles en defender frente a los gobiernos nacionales y la Unión Europea acciones que no dejen atrás a los inmigrantes y refugiados durante la pandemia. Ejemplos de dichas acciones son la decisión de firmar junto a nueve ciudades pertenecientes a la iniciativa Ciudades Solidarias una carta en la que expresan a las instituciones de la Unión Europea su voluntad de acoger a menores refugiados no acompañados que se encuentran en campos de refugiados en las islas griegas.

En el plano local, el Ayuntamiento, junto a entidades pertenecientes al Consejo Municipal de Inmigración (CMIB), ha solicitado al Gobierno de España la regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular y ha iniciado una campaña que pide a los municipios que no pongan trabas al empadronamiento de extranjeros bajo el lema ‘Padrón son Derechos’. Asimismo, el Ayuntamiento ha puesto de manifiesto junto a entidades inmigrantes y sociales de la ciudad las distintas actuaciones encaminadas a ofrecer ayudas y servicios sin distingo del estatus migratorio de las personas.

Aunque la situación dista de ser ideal – la ciudad ya albergaba importantes desigualdades sociales en la era pre-Covid y problemáticas tangibles relacionadas a la gestión de la presencia de menores extranjeros no acompañados y vendedores ambulantes de origen inmigrante en situación irregular – queda preguntarse ¿por qué Barcelona ha asumido un rol activo y visible en la defensa de los colectivos inmigrantes arriba mencionados en medio de la pandemia?

Una posible respuesta se refiere al papel creciente de las ciudades en la gestión del hecho migratorio como fenómeno político. En un contexto donde la gestión de la inmigración ha recaído tradicionalmente en los Estados, las ciudades han promovido discursos y prácticas que buscan complementar, oponerse o reaccionar a los gobiernos nacionales. En el caso de Barcelona, ​​la ciudad ha exigido mayores poderes en asuntos reservados a la esfera nacional, como la recepción de solicitantes de asilo o la asistencia a personas en situación irregular.

De hecho, los reclamos constantes de la ciudad pidiendo mayores poderes en el campo de la recepción durante la llamada Crisis de los Refugiados de 2015 o su reciente solicitud, aprobada por el Gobierno de España, de otorgar automáticamente permisos de residencia temporal a inmigrantes con solicitudes pendientes en la crisis actual son ejemplos de ello. Por otra parte, la trayectoria municipalista de la ciudad, representada por la alcaldesa Ada Colau desde el 2015, refuerza la noción de las ciudades como arenas donde distintas fuerzas sociales se unen en la búsqueda de soluciones a problemáticas locales como lo son las vulnerabilidades derivadas del fenómeno migratorio.

Otra posible respuesta se refiere al liderazgo que las ciudades han ido asumiendo en el plano de la diplomacia de ciudades en relación con una agenda que incluya a los inmigrantes y refugiados. En este contexto, podemos observar cómo Barcelona ha ejercido un rol visible por medio de declaraciones políticas en foros internacionales, redes de ciudades o acuerdos bilaterales. Dan fe de este liderazgo el impulso dado por la ciudad a la idea que las ciudades europeas tuvieran un rol más relevante en la acogida de refugiados, el surgimiento de iniciativas como Ciudades Solidarias bajo el paraguas de Eurocities (la red europea de gobiernos de grandes ciudades) en el 2015, o la inclusión de este tema en foros internacionales como en la Conferencia preparatoria del Habitat III organizada por las Naciones Unidas en 2016.

Sin embargo, este liderazgo ha sido construido sobre los cimientos de una estrategia internacional que la ciudad ha seguido desde fines de los ochentas cuando Barcelona ocupó un rol prominente en la creación de Eurocities. Dicha estrategia facilitó la creación en la década de 2000 de la organización de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), con sede en la ciudad, o la Red Española de Ciudades Interculturales (RECI), que está vinculada al Consejo de Europa.

Una tercera y última respuesta se refiere a la construcción de un modelo de gobernanza local en torno a la inmigración y la integración basado en políticas innovadoras, construcción de capacidades técnicas y un fuerte clima de cooperación con actores locales de la sociedad civil a través del tiempo. En el caso de Barcelona, ​​la ciudad ha invertido en políticas transversales bajo el paraguas de acoger a inmigrantes y refugiados, así como en la normalización de la diversidad cultural que aporta su presencia. Así es como vemos una declaración de intenciones en la adopción de un marco intercultural para guiar las acciones municipales en el campo de la integración desde la década de 1990 o en la creación en 1989 del Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados (SAIER), el primero de este tipo en España. Estas capacidades técnicas también se manifiestan en el Plan Ciudad Refugio de 2015, donde Barcelona ofreció albergar a refugiados que escapaban del conflicto sirio, así como aquellos que en el futuro puedan venir a la ciudad.

Sin embargo, estas capacidades técnicas no serían especialmente útiles si no estuvieran arraigadas en la densa red de entidades vecinales, inmigrantes y sociales que trabajan todos los días para garantizar la inclusión de los inmigrantes y sus familias en la ciudad. El compromiso de desarrollar sinergias con diferentes actores ha permeado la gobernanza local, donde ha prevalecido un clima de diálogo y colaboración, no exento de desacuerdos. Un ejemplo de esto es la existencia desde 1997 de la CMIB, que asesora al Ayuntamiento en temas relacionados con la inmigración y reúne a representantes de inmigrantes, entidades sociales, el Consejo Municipal y funcionarios municipales.

La crisis generada por la pandemia es una ventana de oportunidad que puede reafirmar a las ciudades no como entes administrativos que siguen una lógica competencial jerárquica sino como actores de pleno derecho que pueden determinar cómo entendemos la inclusión y la equidad desde la proximidad. Las acciones que ha emprendido Barcelona en el campo de la inmigración y el refugio en medio de la pandemia son producto de una larga trayectoria de apuestas políticas que han buscado abrir espacios para que la ciudad tenga voz, pero también voto en garantizar los derechos de los inmigrantes. El modelo que plantea en este campo pone de manifiesto más que nunca el rol que tienen las ciudades como voceras de los derechos de las personas inmigrantes, refugiadas y sus familias. Las ciudades como actores, pero también como arenas donde diversos grupos confluyen pueden actuar como entes innovadores que avanzan posiciones comunes a favor de aquellos que una crisis de estas dimensiones ha dejado atrás.

Este artículo es parte del proyecto LocalRef financiado por el Instituto de Estudios del Autogobierno (Generalitat de Cataluña). Número 2018 IEA5 00001.