democraciaAbierta: Investigation

Innumerables conflictos en la industria extractiva de México

A través de nuestro proyecto de investigación "Conversando con Goliat", hemos construido una colaboración para estudiar la calidad de la participación ciudadana en contextos en los que la industria extractiva ha impactado a las comunidades locales mexicanas. English

Valeria Guarneros-Meza Gisela Zaremberg
28 October 2019
Manifestante visto durante una marcha por la justicia climática y la emergencia climática en la Global Climate Strike el 20 de septiembre de 2019 en la Ciudad de México, México.
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Eyepix / SIPA USA / PA Imágenes. Todos los derechos reservados

Organizaciones como Global Witness continúan reportando violaciones a los derechos humanos contra defensores de la tierra y el medio ambiente alrededor del mundo. Desde 2016, Latino América es considerada una de las regiones que reporta la mayoría de los casos y México no se aleja de este patrón. Desde que el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador, asumió el mando en diciembre de 2018, se han reportado 18 asesinatos de este tipo. Las victimas son usualmente miembros de la comunidad, periodistas, personal de ONG y personas indígenas y cada vez más las mujeres son doblemente afectadas cuando otros tipos de violencia de genero se cruza con su activismo.

Estas atrocidades han provocado que periodistas y académicos se pregunten ¿qué se puede hacer para disminuir estos tipos de conflictos violentos? ¿Son suficientes las instituciones participativas que existen en el país para prevenir estos conflictos? ¿Cómo deben intervenir los gobiernos y las organizaciones multilaterales para mediar conflictos cuando estos ya han comenzado?

A través de nuestro proyecto de investigación ‘Conversing with Goliath’ (Conversando con Goliat), hemos generado un mapa de conflictos que se desprende de una examinación periodística de la industria extractiva en México: en los sectores de minería, hidrocarbonos, represas hidroeléctricas y parques eólicos. Las fuentes consultadas fueron los medios en línea con mayor circulación a través del país, nacional y regionalmente.

Nuestro mapa e investigación en general, son los primeros pasos para contestar las preguntas antes mencionadas. El mapa complementa los esfuerzos previos por el Environmental Justice Atlas (Atlas de Justicia Ambiental) y el Latin American Observatory of Mining Conflicts (Observatorio Latinoamericano de Conflictos Mineros) proveyendo una sistematización más amplia y una categorización más detallada.

Esta examinación periodística comprende 964 artículos y menciona 304 proyectos extractivos con 879 asuntos conflictivos reportados entre enero de 2006 y enero de 2019. Los resultados (Figura 1) muestran que en términos absolutos, el sector minero tiene el mayor número de asuntos conflictivos, seguidos de las represas hidroeléctricas y los campos petroleros. En términos relativos, los gasoductos (con evaluaciones de impacto medioambiental) son el subsector con el mayor número de asuntos conflictivos reportados, luego de los proyectos de represas hidroeléctricas.

Figura 1: Número de cuestiones conflictivas por sector extractivo | Subministrada

Los asuntos conflictivos reportados en la minería, hidrocarbonos y represas hidroeléctricas generalmente están asociados a daños medioambientales, mientras que en los parques eólicos están relacionados a prácticas de mala planificación territorial y en la minería se reportan muchas violaciones de las normas laborales. La figura 2 muestra los estados con el mayor número de asuntos conflictivos violentes. Los estados con conflictos violentos en dos o más sectores son: Chiapas (hidroeléctrica y campos petroleros), Oaxaca (minería e hidroeléctrica), Puebla (minería, hidroeléctrica y campos petroleros), Sonora (minería y gasoductos) y Veracruz (hidroeléctrica y campos petroleros).

La figure 2 muestra la tendencia que existe de conflictos violentos en la región sureste del país que ha sido considerada como un espacio para promover el desarrollo económico a través de proyectos extractivos y de mega infraestructura como el Tren Maya. Sin embargo, el norte del país no está exento, el caso de Sonora y los estados vecinos, demuestra esto pero con relación a la minería.

Tabasco es el estado con el mayor número de conflictos violentos en los campos petroleros y los gasoductos. Es probable que este número siga en incremento ya que el presidente AMLO expresó recientemente que construirá una nueva refinería de petróleo en este estado y también habló de los cambios al código penal en julio de 2019, que incrementan el tiempo de encarcelación por protestas callejeras y bloqueos a 20 años.

Figura 2: Número de asuntos conflictivos reportados por estado y sector extractivos | Suministrada.

Nuestra investigación también mostró que México tiene un amplio ambiente institucional que promueve la participación ciudadana y en principio esto de ayudar a disminuir los conflictos violentos a través del diálogo, la deliberación y la negociación. Hay cinco marcos de referencia institucionales que permiten la participación con relación a la industria extractiva: ambiental, derechos humanos, agrícola, político y derechos de propiedad. Dependiendo de cómo las comunidades utilicen estos marcos de referencia institucionales, podrán recibir o rechazar un proyecto en su localidad, obtener – o no – compensación económica (i.e.: para que la empresa tenga acceso a sus terrenos), y alcanzar acuerdos con o sin violencia. No obstante, todas estas opciones siempre incurrirán en concesiones.

Nuestra examinación periodística muestra que las instituciones participativas medioambientales probablemente no son violentas si las comunidades aceptan compensación. La consulta previa, que está incluida en el marco de referencia de derechos humanos para comunidades indígenas, no puede rechazar un proyecto cuando no se ha aceptado compensación económica.

Aún más interesante, las asambleas agrarias, producto de la Revolución Mexicana de 1910 que distribuyó tierras a los campesinos de todo el país, son las principales iniciativas para detener un proyecto cuando se combinan con el derecho consuetudinario de las comunidades indígenas, otras formas de protesta y no hay compensación económica. La violencia no está completamente ausente pero disminuye ya que las asambleas agrarias utilizan leyes agrícolas para iniciar denuncias y mandatos judiciales contra promotores empresariales y agencias del gobierno que les apoyen.

Espacios participativos como comités de planificación municipal que se encuentran bajo en el marco de referencia político, que existen desde la década de los noventa, curiosamente han sido pasados por alto o ignorados como formas de negociar los términos del desarrollo o el rechazo de un proyecto extractivo.

Las asambleas agrarias y mesas de negociación improvisadas son las mejores formas que las comunidades, desarrolladores y agencias estatales tienen para minimizar la violencia en tanto que las prioridades de las comunidades y los términos de compensación se toman en consideración seriamente.

Es importante que tengamos estos resultados en mente porque desmitifican la creencia común de que las comunidades y las ONG en México protestan de forma violenta contra estos asuntos.

Cuando no son escuchadas, la base de datos periodística demuestra, que en 558 asuntos conflictivos reportados a través de todos los sectores extractivos, las comunidades están listas para tomar medidas legales formales contra las empresas y las agencias estatales; 79.82% usó únicamente acción legal institucional; 8.29% usó acción no-institucional (protestas en la calle y obstrucción de carreteras) y 11.87% utilizó una combinación ambas. En casi la mitad de los casos que utilizaron medios institucionales, fueron acompañadas por ONG de derechos humanos enseñando y aconsejando a las comunidades en el proceso de tomar acción legal. Es importante que tengamos estos resultados en mente por que desmitifican la creencia común de que las comunidades y las ONG en México protestan de forma violenta contra estos asuntos.

A través de todos los sectores extractivos, la base de datos de muestra que en 385 asuntos conflictivos se reportaron prácticas informales por las empresas y agencias del gobierno, llevadas a cabo fuera de la esfera reguladora; 56.62% de estos asuntos conflictivos se refieren a prácticas ilegales llevadas a cabo conjuntamente por ambas partes. Estos resultados indican que se debe prestar más atención a lo que las empresas y las agencias gubernamentales hacen y acuerdan informalmente, ya que sus negociaciones tienden a ser primordiales en el desarrollo del sector extractivo y muy probablemente son la fuente de más violencia.

Los resultados de una encuesta que distribuimos en 2018 a profesionales y expertos con empleos relacionados a la industria extractiva (N=110, 70% tasa de respuesta), que complementa los resultados de la base de datos y demuestra que los encuestados del sector privado creen que la presencia de ONG aconsejando a las comunidades incrementa la violencia cuando va a comenzar un proyecto extractivo o está en desarrollo.

En contraste, los encuestados del sector público y del tercer sector creen que la violencia aumenta cuando las comunidades están internamente fragmentadas, con la presencia de personal militar o otras fuerzas armadas del estado y en la presencia de crimen organizado. Los activistas y académicos observan cada vez más que los promotores de proyectos tienden a incrementar la fragmentación de las comunidades a través de sus esquemas de compensación económica y que la violencia incrementa por la dependencia de las empresas en las fuerzas militares estatales para proteger sus propiedades cuando las comunidades protestan.

Nota del autor: "Esta investigación ha sido auspiciada por el British Academy. Para conocer más sobre este proyecto visite: https://conversingwithgoli.wixsite.com/misitio/el-proyecto  "

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