El día anterior, la Cámara de Representantes aprobó $ 4.5 mil millones en fondos de emergencia para alojar a refugiados e inmigrantes, y un día después, el Senado aprobó una solicitud similar de $ 4.6 mil millones. La propuesta de la Cámara de Representantes destina la mayor parte del dinero para el cuidado de los niños migrantes y refugiados, que a veces no están acompañados, pero a menudo están separados de sus familias cuando se presentan o son detenidos por la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos. La financiación contiene estipulaciones sobre el nivel de atención que el gobierno debe ofrecer.

Pero el gobierno federal ya le paga a la corporación internacional Caliburn $ 775 por día por cada uno de los 3,200 niños que actualmente tiene en Homestead, lo que equivale a una asombrosa cantidad de $ 2.5 millones por día. La corporación también administra otros tres centros en Texas.

Mientras tanto, cientos de otros niños languidecen en los autobuses a ninguna parte, saliendo y luego regresando a un campo de detención administrado públicamente en Clint, Texas, después de que los abogados acudieran a la prensa para denunciar las pésimas condiciones del campo. Los abogados describieron entrevistas a niños con ropa sucia y pelo enmarañado que dijeron que estaban durmiendo directamente sobre un piso de hormigón; desnutridos, sin lavar, plagados de enfermedades y sujetos a castigos irracionales. La Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) también gasta los mismos $ 775 por niño por día en Clint.

Según uno de los abogados, Warren Binford, el 86% de estos niños tienen padres u otros cuidadores en los Estados Unidos y, por lo tanto, no es necesario que estén en el centro, aunque han permanecido en su interior por períodos de tres semanas a tres meses. Al igual que en Homestead, a los abogados no se les permitió visitar el interior de las instalaciones.

Caliburn, la compañía que maneja Homestead, tiene poderosas conexiones con el gobierno federal y, especialmente, con el ejército de los Estados Unidos. Justo antes de ocupar su puesto como jefe de Seguridad Nacional y luego Jefe de Estado Mayor para el Presidente Donald Trump, el General John Kelly estaba en la junta de asesores de la firma de inversiones que ahora controla Caliburn. Luego regresó a la propia junta directiva de Caliburn inmediatamente después de su renuncia al gobierno. Otro general y dos almirantes también están en esta junta.

En comparación, el gobierno federal bajo la administración de Obama alquilaba camas para inmigrantes adultos detenidos, en las cárceles de los condados en estados como Illinois y Wisconsin, a tarifas que comenzaban en $ 65 la noche. En 2018, el Chicago Sun-Times calificó al programa que cobraba $ 95 por noche, en el condado de McHenry, como una "vaca lechera".

Mientras que a los legisladores no se les permitió ver las instalaciones de Homestead, el miércoles, el futuro miembro de la junta, el general Kelly, fue fotografiado en abril cuando estaba siendo acompañado en una visita por el campamento en un enorme carro de golf. Caliburn confirmó que él se había unido a la compañía en mayo.

A no ser que las condiciones hayan cambiado significativamente en un mes, era obvio que a Kelly le gustó lo que vio: condiciones que la Senadora Elizabeth Warren calificó de "una cárcel" donde, desde su ubicación fuera de las cercas de la instalación, podía ver a niños tristes e indiferentes a quienes les hacían "marchar" a paso militar.

"Vemos una imagen muy diferente", dijo en febrero la directora del Centro Nacional de Derecho Juvenil, Leecia Welch. "Vemos niños extremadamente traumatizados, algunos de los cuales se sientan frente a nosotros y no pueden dejar de llorar por lo que están experimentando".

Los 4.500 millones de dólares fueron aprobados abrumadoramente por los representantes demócratas como una forma de aliviar el sufrimiento, mientras que la mayoría de los republicanos votaron en contra de la financiación porque no contenía dinero para un muro fronterizo.

Sólo cuatro demócratas votaron en contra de la medida, todas mujeres de color.

Las representantes Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley e Ilhan Omar emitieron una declaración conjunta, en la que escribieron: "Es absolutamente inconcebible considerar dar un dólar más para apoyar a la fuerza de deportación de este presidente que comete abusos y violaciones de los derechos humanos y se niega a rendir cuentas al pueblo estadounidense".