Un soldado sostiene su arma mientras patrulla una calle de Morelia, en el estado de Michoacán, México. Foto AP /Carlos Jasso. Todos los derechos reservados.
La llamada guerra contra las drogas en México no ha terminado. Aunque ya no forma parte del discurso oficial del gobierno, la lógica bélica sigue impregnando las estrategias militarizadas del Estado contra las organizaciones criminales. Y lo que es más importante: la guerra sigue incidiendo en las personas, las familias y comunidades que padecen sus consecuencias bajo la forma de extorsiones, secuestros, desapariciones, tortura y desplazamientos forzosos. Son más que “efectos colaterales”: esta variedad de formas de violencia y sus víctimas centran la actual Guerra de México.
En la medida en que impacta de manera fundamental en la vida y el bienestar de miles de ciudadanos, esta guerra no puede ya entenderse- si es que alguna vez pudo entenderse así - como una guerra que libra el Estado contra organizaciones criminales. El número de masacres cometidas por dichas organizaciones criminales, con la complicidad o negligencia de los agentes estatales, contra civiles desarmados - incluyendo inmigrantes – desvela una realidad cuyas raíces y ramificaciones estamos tan sólo empezando a entender. El alcance geográfico de la violencia y sus niveles de brutalidad confirman que México está efectivamente padeciendo una guerra, aunque de un tipo diferente. Eruditos como Andreas Schedler han sugerido el término "guerra civil económica"; otros han propuesto "narcoviolencia" o "guerra no convencional". Una guerra civil, diría yo, contra y entre ciudadanos, independientemente de su relación con el "negocio de la droga."
