La semana pasada se cumplieron 18 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en manos de la policía mexicana. A reserva de un debate al respecto, este es el evento más importante en materia de derechos humanos en el continente americano en décadas recientes. Consideramos que todas las violaciones a los derechos humanos son graves, y en especial aquéllas que privan a un individuo de su derecho básico a la vida e integridad física. El caso de Aytozinapa nos ha dado importantes lecciones al respecto. No obstante, la relevancia del suceso radica también en las enseñanzas que arroja sobre la naturaleza y el estado de los derechos humanos; el poder de los movimientos sociales en relación al poder del Estado; y los modos en que la comunidad internacional, compuesta por una compleja red de tratados adscritos a valores liberales, trabaja en la práctica.
Desde el 26 de septiembre del 2014, hemos construido juntas una línea del tiempo, disponible en español e inglés, en la que señalamos los eventos clave en el desarrollo del caso de Ayotzinapa. En ella incluimos las reacciones de actores gubernamentales a nivel local y nacional, así como las de actores no gubernamentales nacionales e internacionales; además de un panorama de las protestas claves y los avances en la investigación del caso. Adicionalmente, analizamos de manera sistemática 334 publicaciones hechas por los actores más cercanos al caso, y bases de datos y reportes judiciales, para tratar de entender cómo los llamados a la justicia se tradujeron –o no- en cambios reales.
Para sorpresa de algunos pero ciertamente de manera desafortunada, todas las protestas, la presión internacional y el consenso sobre el hecho de que “¡Sí, fue el Estado!”, no han resultado en una debida rendición de cuentas o en muestras de transparencia por parte del Estado mexicano. Seguimos sin conocer el paradero de los estudiantes; pocos están convencidos que los arrestos de bajo perfil le han hecho justicia al caso; y no ha habido cambios sustanciales en términos políticos o institucionales. El costo internacional para el gobierno mexicano ha sido relativamente bajo: con la excepción del recorte de 5 millones de dólares (15% del presupuesto) de ayuda financiera que el gobierno estadounidense retiró a México tras expresar su preocupación por la situación de derechos humanos en el país, Peña Nieto no ha pagado un alto precio político a nivel internacional.
