Los incendios que suceden en las tierras bajas de Bolivia y que han consumido más de un millón de hectáreas afectando reservas forestales, áreas protegidas y parques nacionales, reflejan las tensiones ambientales que genera el modelo de extractivismo agrario (Mc Kay:2018) que impulsa el gobierno boliviano, que en los últimos años ha favorecido a los sectores agroindustrial y ganadero, mediante Leyes y acuerdos políticos, generando una alianza agroestatal en torno a la ocupación de la tierra como fuente de riqueza.
Ante la caída de los precios de los hidrocarburos y los minerales en el año 2013, el gobierno ve oportuno promover el aumento de monocultivos de exportación (3er producto de mayor exportación), para elevar su aporte al PIB nacional, que en en la última década ha tenido un crecimiento promedio del 4,5%, dato que presume el oficialismo. Es así que en el año 2015, los agroindustriales y el gobierno nacional alistan una Cumbre Agropecuaria (CA), donde se van a definir los detalles de la nueva expansión agrícola afianzando los pactos políticos entre ambos actores.
Una de las metas de la CA, es expandir la frontera agrícola en 10 millones de hectáreas hasta el año 2025, hacia el este sobre la chiquitania boliviana (actual área afectada), y al noreste en tierras colindantes con el departamento de Beni, para el monocultivo de exportación (soya, sorgo, maíz ), ganadería, producción de etanol y biocombustibles. Promoviendo y reforzando asociaciones con las elites terratenientes del país y las corporaciones transnacionales de la alimentación (Monsanto, Cargill, Bayern Syngenta), quienes son las encargadas de la cadena de producción del monocultivo; mediante la provisión de semillas transgénicas e insumos químicos a los productores; su transformación en commoditie (torta, harina de soya); y su comercialización a los mercados internacionales (CAN). Todo esto, a través del clúster agrícola asentado en Santa Cruz desde la década del noventa.
