El acceso al aborto por las casuales legales en la Amazonía ecuatoriana enfrenta varios retos institucionales y prejuicios culturales que ahondan la situación de vulnerabilidad de las niñas, adolescentes y mujeres.
Los datos oficiales en este territorio presentan varios vacíos, por lo que organizaciones de mujeres han generado su propio registro. Según un estudio de Surkuna, entre abril de 2022 hasta abril de 2023 recibieron 24 solicitudes de acompañamiento de aborto por violación, de estas el 33% fueron de niñas menores de 14 años. Las solicitudes de acceso a aborto legal fueron del 20,8% en Sucumbíos, 12,5% en Morona Santiago y 4,2% en Napo. El 25% de las personas que solicitaron acceso a un aborto legal fueron indígenas.
Sin embargo, la cifra reportada por Surkuna representa tan solo el 0,02% del total de 155.838 partos de niñas menores entre 10 y 14 años que se atendieron en 2022 en el sistema público como informó el Ministerio de Salud. Esos 155.838 partos debieron denunciarse en su momento como casos de violencia sexual aplicando la Ley de Erradicación de Violencia contra Mujeres, el Código Púrpura (Norma técnica de atención integral en salud a víctimas basada en género), Formulario obligatorio 094 de notificación de casos para activar la investigación con Fiscalía. En Ecuador, la falta de aplicación de la ley va en contra de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres para vivir una vida libre de violencia; algo que presenta mayores retos en un territorio como la Amazonía.
