Antes de abandonar el poder en 1990, el general y dictador chileno Augusto Pinochet creó un marco jurídico que supuestamente le garantizaría total impunidad. No funcionó. Fue arrestado en Londres por delitos de genocidio y terrorismo en 1998 a solicitud de la Justicia española y, luego de retornar a Chile, finalmente tuvo que enfrentar a la justicia de su propio país.
Años más tarde, tuve la oportunidad de encabezar el equipo de abogados del Estado que litigaban cerca de 900 casos por crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura chilena. Aunque Pinochet ya estaba muerto, sus cómplices tenían que ser debidamente juzgados.
Décadas después de acabado el régimen pinochetista, los derechos humanos se siguen violando en América Latina y el Caribe, sobre todo por defender el medioambiente. Casi el 90% de los asesinatos relacionados con el ambiente ocurren en la región, según Global Witness, una organización internacional que monitorea violaciones a los derechos humanos y el ambiente. Un quinto de estos casos – de los denunciados, la cantidad real es probablemente mucho mayor – corresponden a la Amazonía, que abarca el territorio de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Surinam y Venezuela.
