La decisión del presidente Daniel Noboa de eliminar los subsidios al diésel, elevando el precio del combustible en 55% (de 1,8 a 2,8 dólares por galón) desató protestas masivas en Ecuador.
Al calificar de “terroristas” a los dirigentes indígenas que encabezaron las manifestaciones, su gobierno busca criminalizar la disidencia, militarizar el conflicto social y blindar el ajuste contra la resistencia popular. Pero la protesta no es terrorismo, sino la voz democrática de quienes más sufren la desigualdad.
El paro nacional que comenzó el 22 de septiembre, liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y que bloqueó las principales rutas del país, concluyó formalmente luego de 31 días, el 23 de este mes, con dos personas muertas, 473 heridas, 12 temporalmente desaparecidas y 206 detenidas, según el último reporte de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador.
