En enero y febrero de este año, colectivos de familiares que buscan a sus seres queridos ingresaron en sigilo al Rancho Izaguirre en el municipio de Teuchitlán, a 50 kilómetros de Guadalajara, capital de Jalisco, en el oeste de México, y hallaron evidencias de fosas con restos óseos calcinados y miles de objetos personales. El 5 de marzo, la organización de familiares Guerreros Buscadores de Jalisco recorrió el lugar y filmó, fotografió y publicó sus hallazgos, siguiendo pistas entregadas por un supuesto sobreviviente del reclutamiento y exterminio que practica el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En lo que va del siglo, 125.000 personas han desaparecido en México, la mitad desde 2019, según cifras oficiales. El 20 de marzo, la fiscalía federal y la de Jalisco invitaron a periodistas, influencers y madres buscadoras a una visita oficial al rancho. Lo que sigue es la crónica de esa jornada, escrita por Marcela Turati para el medio A dónde van los desaparecidos.
La visita al Rancho Izaguirre provocó el reclamo de las madres buscadoras, que se sintieron, una vez más, burladas por las autoridades. Ni la fiscalía federal ni la estatal se hicieron responsables del caos y el dolor que provocó la falta de coordinación y la ausencia de explicaciones sobre lo ocurrido en el lugar. Por eso, cada visitante inventó su propia narrativa. Aunque quienes descubrieron ese predio insisten (con fotografías) en que las excavaciones donde se encontraron los restos fueron alteradas.
Cuando regresa al Rancho Izaguirre, ya no en secreto sino con autorización oficial, a Virginia Ponce se le estruja el corazón al ver que este sitio no está como lo recordaba: lo ve “limpio”, como desmantelado. No apesta a humedad, tampoco está polvoso ni abandonado; cientos de personas lo recorren, lo pisan y manosean ahora mismo – por invitación de las fiscalías federal y de Jalisco –, aunque ella, que rastrea sitios de exterminio, sabe que es la escena de muchos crímenes y seguramente conserva evidencias forenses.