Al comienzo de este año, horrendos motines al interior de las cárceles brasileras causaron la muerte a más de 100 prisioneros. En Manaos, 56 reclusos murieron en una revuelta en el Complejo Penitenciario Anísio Jobim y 33 prisioneros fueron asesinados en la Penitenciaría Agrícola de Monte Cristo en Boa Vista. El 16 de enero, otros 26 reclusos murieron en la penitenciaria Alcacuz de la ciudad de Natal. Más que lugares seguros para la rehabilitación, las cárceles se han convertido en el caldo de cultivo para el crimen, el asesinato y graves violaciones a los derechos humanos.
Además de enfrentar un enorme hacinamiento, condiciones indignas e inadecuada alimentación, los prisioneros (muchos de ellos sin haber enfrentado el juicio) a menudo están en riesgo de la extrema violencia ejercida por las bandas criminales. El detonante de la última ola de violencia en Brasil se produjo en junio de 2016 cuando se rompió la tregua que por dos décadas habían mantenido las dos principales bandas: el Primer Comando de la Capital (PCC) de Sao Paulo y el Comando Rojo de Río de Janeiro. Como resultado del asesinato del supuesto narcotraficante Jorge Rafaat en la frontera con Paraguay, la guerra emergió entre los carteles que controlan las rutas del tráfico de drogas en el norte y oeste del país. En medio de este conflicto por el dominio territorial, el PCC dio la orden de asesinar a todos los miembros del Comando Rojo en las prisiones del país – sin que el gobierno fuera capaz de controlar el catastrófico desenlace.
En cárceles de México y Guatemala, las autoridades han sido incapaces de mantener las disputas entre los grupos rivales a fuera de los penales.
