El 23 de junio de 2016, después de 50 años de lucha, el gobierno de Colombia y las FARC-EP acordaron poner fin a la guerra de mayor duración en la región. Este último acuerdo, que se centró en la desmovilización y el desarme, es parte de un proceso de paz más amplio, que incluye una variedad de temas, desde el uso de la tierra hasta la participación política, la rendición de cuentas y la justicia.
Aunque gran parte del proceso de paz se forjó en torno a la mesa de negociaciones, los tribunales, tanto nacionales como internacionales, han desempeñado un papel en la determinación del alcance y la naturaleza de dicha paz. De hecho, los aspectos políticos de la paz en Colombia están fuertemente judicializados, es decir, que los tribunales y el lenguaje jurídico se han convertido en herramientas clave para la gestión de la contienda política. A diferencia de todos los procesos de paz anteriores, el proceso de paz colombiano queda bajo la jurisdicción de no uno, sino dos tribunales internacionales: la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
