Foto: Ilias Bartolini/Flickr. Algunos derechos reservados.

Cuando el diario berlinés Der Tagesspiegel publicó, hace algunas semanas, la lista completa de los 33.293 migrantes fallecidos e identificados desde 1993 en su camino a Europa, el propósito era muy simple: dejar claro que cada línea de esa lista siniestra “cuenta una historia”. Las historias de Faisal, Frederick, Zhang, Pape o Safi, que murió con su bebé en brazos. Ellos - como muchos otros maltratados en su ruta y considerados delincuentes o fantasmas legales en destino - son los perdedores de este sistema migratorio.

La pregunta entonces es obvia: si ellos pierden, ¿quiénes ganan? Ese fue el punto de partida del trabajo de investigación que la Fundación porCausa puso en marcha hace más de un año. El resultado es el primer mapa de la industria del control migratorio en España, un negocio complejo y fabuloso que se alimenta casi exclusivamente de recursos públicos y que ejecuta e influye un sistema concebido para detener el flujo de personas, no para gobernarlo.

Nuestro análisis partía de una doble hipótesis: la primera es que en España – como en el resto de la Unión Europea – lleva años consolidándose un ecosistema de actores económicos que recibe cantidades crecientes de dinero público para hacer efectivas las políticas de control migratorio. La segunda es que estos mismos actores han llegado a adquirir una posición de fuerza en el sistema que les permite influir la deriva de las normas y decisiones políticas que les afectan. Este fenómeno – conocido como captura política o regulatoria - es similar al que se produce en otras industrias, como la farmacéutica o la de defensa.

La pregunta entonces es obvia: si ellos pierden, ¿quiénes ganan?

La cartografía de la industria del control migratorio en España tiene cuatro sectores definidos: el control y la vigilancia de las fronteras y los perímetros fronterizos, que incluye tanto la construcción y mantenimiento de las vallas de Ceuta y Melilla como un costosísimo despliegue tecnológico en las costas y el Mar Mediterráneo; las acciones de detención y retorno forzoso  de inmigrantes en situación irregular, donde aparecen símbolos de la represión migratoria, como los centros de internamiento de extranjeros (CIE) o los vuelos para su traslado a sus países de origen o tránsito; los programas de acogida e integración de inmigrantes, gestionados en su mayoría por organizaciones no gubernamentales; y las actividades relacionadas con la externalización del control fronterizo, una categoría amplia que incluye, entre otras acciones, la formación de las fuerzas de control en países terceros o la compensación económica a sus gobiernos, pero también los programas de desarrollo vinculados de forma directa a la reducción de la intensidad migratoria hacia Europa.

La investigación de porCausa se centró en los dos primeros de estos cuatro sectores, unas categorías que cubren el 97% del volumen de los contratos públicos adjudicados a empresas privadas para actividades de control migratorio entre 2002 y 2016. En conjunto, nuestra base de datos incluye a casi 350 empresas que se beneficiaron de 943 contratos públicos por un valor total superior a los 610 millones de euros. Diez de estas compañías (con la empresa tecnológica y de defensa Indra a la cabeza) acumulan más de la mitad de los recursos. Con todo, y a pesar del gran número de contratos recopilados, la neblina administrativa que rodea este sector ha hecho imposible, por ahora, identificar la totalidad de los mismos.

La publicación de la base de datos de contratos y compañías es una noticia en sí misma que ya ha comenzado a plantear preguntas incómodas sobre el origen y la utilización de los recursos, como demuestra un ejemplo reciente. Diferentes medios de comunicación destacaban, hace unos días, la contradicción entre las intenciones declaradas del Ministerio del Interior con respecto a la construcción de nuevos CIE y la realidad de los fondos ya negociados y aprobados por Bruselas: mientras el ministro Zoido jugaba hace unos meses en el Senado a realizar consideraciones retóricas acerca de la conveniencia de construir tres nuevos centros, estas partidas ya figuran como prioritarias desde 2012 en los Presupuestos Generales del Estado.

El caso de estos tres CIE ilustra una conclusión fundamental de nuestro análisis: la política migratoria europea – en la que España juega un papel protagonista como frontera Sur y conexión con África – se ha ido definiendo sobre la base de un principio político de cautela en donde la llegada de extranjeros es percibida, en primer lugar, como una amenaza y, después, como una carga económica. En otras palabras, deben ser detenidos antes de llegar a nuestro territorio o expulsados si consiguen acceder a él. La estrategia de control preventivo se traduce en la inversión creciente en infraestructuras de detención o vigilancia, pero también en decisiones difícilmente explicables, como determinar el objetivo de retornos forzosos a priori para un periodo de seis años (en el caso de España, 53.000 entre 2014 y 2020).

La industria del control migratorio no solo se financia con los fondos europeos, sino que responde a una lógica política que se extiende como una peste a lo largo del continente

Dicho de otro modo, la industria del control migratorio no solo se financia con los fondos europeos, sino que responde a una lógica política que se extiende como una peste a lo largo del continente. Espoleada por una histeria colectiva auto-inducida, Europa ha respondido a la llegada de refugiados acelerando la construcción de una política migratoria común que llevaba décadas en la nevera. El problema es que este impulso político no ha considerado la fotografía amplia del fenómeno migratorio – la que incluye oportunidades sin precedentes para los países de origen, los de destino y los propios migrantes, que sí estaba en los planes de la Comisión Europea en 2005 –, sino que ha optado por hipertrofiar aquellas herramientas que sustentan la fantasía de las fronteras impermeables.

Las consecuencias de esta deriva se traducen en la pérdida y amenaza de vidas humanas, pero también en un modelo distorsionado de movilidad internacional que perjudica los propios intereses europeos. Como señalan los datos de Frontex, por cada persona que accedió a Europa en 2016 a través de las vías dramáticas e híper-publicitadas del mar y los saltos de valla, otras 206 lo hicieron de forma legal a través de pasos habilitados en carreteras, puertos y aeropuertos. La obsesión por el control de una  minoría de movimientos irregulares vulnera los intereses prácticos de la mayoría de personas que lo hacen de forma legal, contamina la acción exterior de la UE en los Estados vecinos y diluye el compromiso de Europa con las reglas de protección internacional, en cuya construcción tanto esfuerzo invirtió.

¿Cuánto de todo esto ha llegado para quedarse? ¿Qué posibilidad tiene Europa de abrir una conversación basada en hechos sobre el verdadero balance de riesgos y oportunidades de la movilidad internacional y del modo más inteligente para optimizarlo?

Necesitamos saber quién está al volante de unas políticas cuya inercia es cada vez más imparable

Las respuestas a estas preguntas están en parte ligadas a la segunda hipótesis de la investigación realizada por porCausa, la relacionada con el efecto de captura política. Con la información disponible, no es posible afirmar que la industria del control migratorio en España se haya hecho con una parte relevante del control de las políticas públicas. Como en otros ámbitos de este trabajo, la ausencia de transparencia que caracteriza la relación entre el sector privado, los partidos y las instituciones (en forma de puertas giratorias o de donaciones económicas) constituye un obstáculo fundamental para la rendición de cuentas y el debate público informado.

Pero eso no significa que descartemos en absoluto la influencia. En la elaboración de esta investigación hemos identificado diferentes factores que invitan a continuar mirando: la opacidad extrema en la que opera parte de la industria, la existencia de canales informales e indirectos de influencia (como las ferias y congresos, o la relación con los medios de comunicación) y el protagonismo adquirido en un sector que ha dejado en manos de compañías privadas el desarrollo y la gestión de tecnologías de las que depende un aspecto clave de la soberanía de un Estado como es el control de sus fronteras.

Necesitamos saber quién está al volante de unas políticas cuya inercia es cada vez más imparable. Como en una profecía autocumplida, la narración de las migraciones como amenaza alimenta en toda Europa la proliferación de movimientos xenófobos que exigen medidas de control cada vez más costosas y comprehensivas. El margen electoral para las alternativas es cada vez más estrecho y la deriva política de otros grandes polos geográficos de destino (como Estados Unidos y Australia) no ayuda lo más mínimo. Y este es precisamente el caldo de cultivo que necesita la industria del control migratorio.

Romper el círculo vicioso del sistema exigirá una posición mucho más lúcida e inequívoca por parte de los partidos moderados, pero también la construcción de alianzas improbables entre todos aquellos actores –desde las compañías privadas a las grandes ONG - que basan sus valores o sus cuentas de resultados en la existencia de una globalización abierta pero gobernada en beneficio del interés común. Ese es el espíritu que anima algunas iniciativas internacionales destacables (aunque de resultados inciertos), como el Pacto Mundial de las Migraciones que se negocia ahora en la ONU. Sin embargo, para regiones en plena ebullición migratoria como Europa, este tipo de acuerdos pueden ser demasiado poco y llegar demasiado tarde. Necesitamos una revolución ciudadana desde dentro que empiece hoy.