Frustrados por las deficiencias de la Corte Penal Internacional (CPI), los analistas cuestionan cada vez más la utilidad del derecho en la lucha contra el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra (en conjunto, los crímenes de atrocidad internacionales). Como ejemplo emblemático de este tipo de críticas, Leslie Vinjamuri y Jack Snyder escribieron recientemente un artículo de oGR con el provocativo título: “Para prevenir las atrocidades, hay que recurrir primero a la política y al derecho después”. Ellos sostienen que los efectos positivos de disuasión que la investigación de las profesoras Beth Simmons y Hyeran Jo atribuye a la CPI (parte del tema de un artículo de oGR anterior) se pueden explicar mejor a partir de la política. Para ellos, la “centralidad de la política” hace que la diplomacia y otros medios no jurídicos sean las mejores maneras de evitar y enfrentar las atrocidades a nivel internacional.
Sin embargo, el análisis de Vinjamuri y Snyder pasa por alto la centralidad del derecho para el mantenimiento de la paz y la estabilidad en distintos países del mundo. Esta realidad a nivel nacional muestra cuál es la mejor manera de abordar las atrocidades internacionales. Hasta la fecha, los partidarios de “la paz sobre la justicia” no han podido refutar este punto de manera convincente, y con razón, ya que tanto en el Norte como en el Sur Global se reconoce que el derecho es esencial para la paz y seguridad nacionales duraderas. Con base en numerosas décadas de desarrollo, estos países han descubierto que el primer paso para combatir la delincuencia es la aplicación de la ley, no los políticos ni los mediadores.
El primer paso para combatir la delincuencia es la aplicación de la ley, no los políticos ni los mediadores. Los sistemas jurídicos nacionales bien desarrollados dependen de las leyes no solamente para conservar la paz, sino también para disuadir la delincuencia. Independientemente del lugar que se ocupe en el tan debatido espectro de derecho-disuasión, no cabe duda de que la amenaza de experimentar consecuencias negativas influye en los seres humanos. Además, pocos abogarían por la abolición o disminución de las leyes porque aún ocurren delitos nacionales o transnacionales (p. ej., la corrupción, el tráfico).
