La adopción del Estatuto de Roma fue un momento excepcional en el que coincidieron los Estados, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y las organizaciones de la sociedad civil. Durante el proceso, diversos negociadores promovieron la idea de convertirlo en un instrumento de “disuasión”. Si recordamos ese momento en 1998, los acontecimientos en Ruanda y en la ex Yugoslavia aún pesaban en la agenda internacional, y había una fuerte sensación de que era necesario hacer todo lo posible para evitar las atrocidades masivas y enjuiciar a los responsables.
Sin embargo, desde que inició operaciones en 2002, la CPI ha carecido de la fuerza necesaria para llevar a cabo plenamente su mandato. La Corte no cuenta con el apoyo económico, diplomático y político que necesita para cumplir los objetivos para los que fue creada. Un aspecto sumamente problemático en particular es la relación entre la CPI y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU).
Hasta la fecha, el CSNU únicamente ha remitido dos situaciones a la Corte: una en Darfur (Sudán) y la otra en Libia. En los diez años desde que se abrió el caso de Darfur, se han emitido seis órdenes de detención. Sin embargo, en realidad solamente uno de los acusados ha enfrentado a la Corte; cuatro de los acusados siguen libres, uno murió antes de ser detenido y el gobierno de Sudán sigue rechazando la jurisdicción de la CPI. Todavía más inquietante es el hecho de que varios Estados miembros de la ONU, e incluso Estados parte del Estatuto de Roma, se han negado a obedecer las órdenes de detención, particularmente contra el presidente de Sudán, Omar Al Bashir, que enfrenta cargos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
