Los marcos de gobernanza mundial en torno al desarrollo internacional y la lucha contra el terrorismo han representado el papel, el valor y el impacto de la sociedad civil como un aliado esencial pero también, más recientemente, como una amenaza. En el mejor de los casos, los gobiernos donantes han reconocido a la sociedad civil como un socio clave en la promoción del desarrollo, la paz y la seguridad. En el peor, algunos gobiernos que reciben asistencia han buscado limitar el papel de las agrupaciones de derechos humanos y desarrollo únicamente a la prestación de servicios públicos, o ven a la sociedad civil como facilitadora para el financiamiento de grupos terroristas. Sin embargo, existen oportunidades para que los actores de la sociedad civil saquen ventaja de las políticas y procesos de desarrollo y combate al terrorismo.
Estándares contra el terrorismo
Desde el 11 de septiembre, más de 140 gobiernos han aprobado leyes contra el terrorismo, a menudo en respuesta a la presión de Estados Unidos, las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y las directrices para la lucha contra el terrorismo desarrolladas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), un organismo intergubernamental de formulación de políticas fundado en 1989 por el G7, y acogido por la OCDE, para combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento a terroristas a escala mundial. La Recomendación 8 del GAFI señala que el sector de las ONG es particularmente vulnerable a ser utilizado de manera indebida para financiar el terrorismo y recomienda que los gobiernos nacionales tomen medidas para evitarlo. Los gobiernos han utilizado ampliamente esta norma para cerrar los espacios para el financiamiento transfronterizo de las agrupaciones de la sociedad civil mediante la introducción de leyes restrictivas. Los ejemplos más recientes son la Ley de Regulación de Contribuciones Extranjeras de 2010 en India y la Política sobre ONG de 2009 en Sierra Leona.
Estas recomendaciones también han provocado que los grupos humanitarios, de consolidación de paz y de desarrollo tengan una menor capacidad de recibir recursos en las zonas de conflicto, lo que ha tenido efectos devastadores. El mes pasado, una investigación de Thomson Reuters informó que 21 ONG internacionales y locales (incluido un consorcio de 90 ONG sirias) encontraron que las políticas promulgadas para combatir el financiamiento del terrorismo estaban obligando a los organismos de asistencia en Siria a evitar las comunidades controladas por grupos extremistas; esto dificulta aún más la provisión de suministros vitales y hace que la población sea vulnerable a la radicalización. Las normas del GAFI también ofrecen a los gobiernos la capacidad de vincular retóricamente a la sociedad civil, el terrorismo y la delincuencia organizada, una narrativa que niega legitimidad y aísla a agrupaciones que ya estaban funcionando en los márgenes de la sociedad debido a que trabajan en temas controvertidos de derechos humanos.
