Muchos brasileños han seguido con expectación las investigaciones sobre el intento de golpe de Estado del 8 de enero de este año. El suceso fue descrito como un ataque a las sedes de los tres poderes del Estado, promovido por una oleada de militantes extremistas, descontentos con la derrota electoral del expresidente Jair Bolsonaro y el tercer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. El juicio contra algunos de ellos ya ha comenzado en el Tribunal Supremo de Brasil. Fue un atentado grave, que puso en riesgo la democracia brasileña, pero inicialmente sin esbozos muy claros sobre qué actores participaron realmente en la aventura golpista.
Más de siete meses después, los profundos vínculos entre esos manifestantes extremistas, la implicación de miembros de las Fuerzas Armadas y la participación decisiva de las fuerzas policiales son cada vez más evidentes. Hay investigaciones en todos los frentes: en el Tribunal Supremo, en la Policía Federal, una comisión parlamentaria de investigación en el Congreso Nacional, otra comisión de investigación en la Cámara Legislativa del Distrito Federal, así como una investigación del propio Ejército brasileño.
Con todo, se puede decir que la democracia brasileña venció, pero el episodio del 8 de enero dejó un legado que se había ido fortaleciendo a lo largo de los últimos cuatro años: el secuestro de las fuerzas de seguridad del país por la política.
