Un tribunal de Brasil ha concedido al pueblo indígena Kinja un derecho de respuesta sin precedentes a las invectivas racistas, en una medida que, según los expertos jurídicos, podría suponer un cambio en el juego [MASR1] contra[MASR2] la creciente discriminación por parte del gobierno del presidente Jair Bolsonaro.
En su fallo, la jueza federal Raffaela Cássia de Sousa, con sede en [MASR3] Manaus, ordenó a los sitios web oficiales del gobierno que publicaran una carta del pueblo indígena kinja (también llamado Waimiri-Atroari) durante 30 días, entre otras medidas.
La decisión, emitida el 30 de marzo, es consecuencia de una serie de declaraciones ofensivas de funcionarios del gobierno sobre la resistencia del grupo indígena a la construcción prevista de una línea de transmisión de energía eléctrica de 720 kilómetros (450 millas) que atravesará su reserva indígena Waimiri-Atroari en la selva amazónica.
