Mientras cientos de guatemaltecas marchaban el martes 8 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el Poder Legislativo de su país se preparaba para asestarles un golpe sin precedentes.
Esa misma noche, el Congreso aprobó un proyecto que prohíbe el matrimonio igualitario, endurece las penas de prisión para mujeres que interrumpan sus embarazos o tengan un aborto espontáneo, e inhabilita la educación sexual en las escuelas. Conocido como ‘ley por la vida y la familia’, también legaliza el discurso homófobo.
La Procuraduría de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos protestaron contra la ley. “El Congreso de Guatemala está legalizando la violencia y la discriminación institucionalizadas contra las mujeres, las niñas y la comunidad LGBTIQ+”, dijo Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía para las Américas.
