Desde el año 2000, el régimen del presidente Vladimir Putin ha revertido muchas de las libertades cívicas que recibieron los rusos en la década de los 1990, después de siete décadas de gobierno comunista. El gobierno ha intimidado y demonizado a los disidentes, y ha colocado a la mayor parte de la prensa bajo su control. Las autoridades han presionado sin descanso a los activistas y las ONG que promueven los derechos humanos, utilizando medidas legislativas y ajenas al derecho.
El público ruso parece indiferente ante las ONG de derechos humanos y sus causas.
Tras años de acosar a estas organizaciones con auditorías y engorrosos procedimientos contables, el gobierno ruso ahora les exige que se identifiquen a sí mismas como “agentes extranjeros” si reciben apoyo económico del exterior. A partir de las agresivas acciones de Rusia contra Ucrania en 2014, la presión sobre las ONG de derechos humanos solamente ha aumentado, mientras que los funcionarios y los activistas pro Kremlin las difaman, acusándolos de ser una “quinta columna” de traidores que sirven las órdenes de las malévolas potencias occidentales.
