“Yo era un militante de los sueños de la felicidad”, cuenta Jhomar Loaiza, un talentoso migrante venezolano en la isla de Curazao. Como millones de venezolanos (según ACNUR, hay 7,1 millones de personas refugiadas y migrantes en el mundo, con datos de Junio 2022) Loiza tuvo que abandonar su país y su familia para intentar salir adelante. Su sueño se quebró y tuvo que dejar atrás toda una vida para intentar reinventarse en la migración y poder remitir algunos dólares que permitan sobrevivir a los que dejó atrás en Venezuela.

Así, como millones de sus compatriotas esparcidos por toda América Latina, Estados Unidos, Europa, incluso la lejana Australia, Jhomar pasó a engrosar las filas de migrantes y refugiados que se han visto expulsados del país a raíz de la profunda crisis que está viviendo Venezuela desde el ascenso del teniente coronel Hugo Chávez, que gobernó entre el 1999 y el 2013. La debacle económica se agudizó con la llegada de su sucesor Nicolás Maduro y fue derivando en una grave crisis política y social, que finalmente estalló en 2014 y 2015 con marchas masivas contra el desabastecimiento y la escasez de productos de primera necesidad.

Una combinación de la caída de los precios del petróleo, la principal fuente de ingresos del país, con una dura crisis financiera y una gestión económica desastrosa produjo episodios de hiperinflación devastadores para el país suramericano. A ello se sumó una crisis humanitaria compleja acompañada de una grave crisis institucional que deslegitimó al gobierno de Maduro en 2016-2017 tras unas elecciones cuestionadas. Las protestas provocadas por esta situación insostenible fueron enfrentadas con la represión violenta de los opositores y la creación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) que, según un informe de la ONU recogido por el New York Times, asesinaron a 5.287 venezolanos en 2018 y al menos a 1.596 en la primera mitad del 2019.

Esta situación catastrófica e insoportable para la población desembocó en un aumento acelerado de la pobreza, que alcanzó a todas las capas sociales, incluidas las clases medias y a los empleados del gobierno que, como Jhomar Loaiza, vieron sus ingresos devorados por la inflación y su situación personal deteriorada hasta tal punto de vaciar las neveras y empujar a la población a pasar hambre.

Esta situación la relata elocuentemente el propio Loiza, originario de La Vela de Coro, en el estado Falcón, un pequeño puerto comercial y pesquero a unas 60 millas al noroeste de la isla de Curazao. “Abrías la nevera y… no había nada. Salías a las cuatro de la mañana a hacer una cola para esperar a que llegara una lancha a ver si tuvo la suerte de pescar, y poder conseguir pescado para llevar a la casa”, cuenta Loaiza, con un temblor en la voz.

La situación se volvió hasta tal punto insostenible que el flujo de migración se aceleró en 2019, fecha en que Loaiza abandonó su empleo y exigió la indemnización correspondiente a 12 años de dedicación a la gestión cultural en la administración pública, trabajo que le llevó a visitar buena parte del país como funcionario y militante convencido de la revolución bolivariana, en lo que la propaganda oficial afirmaba que era antesala al socialismo del siglo XXI.

Esta constatación le llevó a tomar la dolorosa decisión de dejar vida y familia atrás, y migrar a esta pequeña isla de Curazao, que domina la entrada al Golfo de Venezuela, y que tiene una historia centenaria de relación con el vecino país.

La isla perteneció a las Antillas Neerlandesas hasta el año 2010, cuando se constituyó como un país constituyente del Reino de los Países Bajos. Históricamente fue un importante puerto de comercio de esclavos con destino a Brasil en los siglos XVII y XVIII, hasta la abolición del esclavismo en las colonias neerlandesas en 1863. Situada en el sur del Mar Caribe, con unos 150.000 habitantes permanentes, es hoy un destino turístico incluido en la ruta de los grandes cruceros del Caribe y lugar de segunda residencia de ciudadanos holandeses que huyen del invierno del norte de Europa.

Pero migrar a Curazao es complicado. En estos momentos, según del sitio reliefweb de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitario(OCHA), junto a la vecina isla de Aruba, Curazao alberga la mayor cantidad de refugiados y migrantes venezolanos del mundo en comparación con la población local, y si bien el Protocolo de 1967 de la Convención de Refugiados de 1951 se aplica a Aruba, Curazao no se considera obligado por el Protocolo, por lo que la accesibilidad para obtener un estatus regular es muy limitada.

En abril de 2022, ACNUR contabilizaba en la isla unos 17,000 refugiados y migrantes ciudadanos venezolanos (102 desplazados por cada 1000 habitantes), esto es, más de un 10% de la población total. La mayoría entran con visa de turista pero se quedan en la isla. También hay un número de ciudadanos venezolanos que arriesgan su vida en precarias embarcaciones para conseguir una vida más estable y predecible en Curazao, aunque la mayoría permanecen en la isla como migrantes irregulares, sin acceso a la salud pública o a los servicios sociales.

Las organizaciones de apoyo a los migrantes venezolanos como La Casa del Venezolano, ofrecen, sin embargo, alguna cobertura a estos migrantes y los ayudan a superar la precariedad absoluta en la que viven, expuestos siempre a la detención y a la deportación por parte de las autoridades holandesas.

Este fue el caso emblemático de Dailini González, original de Coro, estado Falcón, como Loaiza, y que cuenta cómo, embarazada de tres meses, fue deportada a Venezuela dos días después de ser detenida en la isla. Ella tomó la decisión de montarse en una lancha para intentar regresar a Curazao, y relata el trágico desenlace del viaje cuando, tras 17 horas de travesía, la lancha se hundió en la noche en aguas de Curazao, cerca de una zona acantilada de la costa.

“Veníamos 34 personas y murieron 18, sobrevivimos 16 personas”, cuenta González, todavía conmovida por el dramático episodio que se remonta a enero de 2019. “Yo duré cuatro horas nadando. Se escuchaban muchas personas que gritaban. Yo me salvé porque uno de los capitanes me tiró un bidón (…) pudimos salir en un llanito, eran las cuatro y media de la mañana (…), y al final unas personas nos ayudaron, yo con mi barriga de cuatro meses de embarazo, y pudimos salir en un carro y nos pudimos salvar (…). Yo decidí montarme en una lancha por la situación difícil, por el gobierno, no se encontraba comida en aquel tiempo… y si yo iba a parir allá, lo tendría muy difícil (…) Ahora ya mi hija tiene 4 años -se llama Victoria del Mar-, pero aún no tenemos papeles aquí en Curazao”, concluye.

González aprovecha la entrevista para pedirle al gobierno de la isla que por fin legalice su situación y la de su hija, y para advertir a sus compatriotas de los grandes peligros de la navegación irregular y contarles que no vale la pena arriesgar sus vidas para llegar a un lugar que tampoco ofrece garantías.

Esta historia de Victoria del Mar aparece en las conversaciones de las distintas organizaciones de la sociedad civil que ayudan a los venezolanos. Los cooperantes la cuentan repetidamente como ejemplo de las dificultades que encuentran los refugiados para alcanzar la isla y obtener amparo de las autoridades, la farragosa burocracia holandesa, y el desamparo de vivir una situación irregular en la isla, siempre con la amenaza de la deportación a la vuelta de la esquina.

Loaiza cuenta que es difícil rehacer la vida sabiendo que lo poco que uno pueda obtener lo puede perder en un instante. Su lucha en Curazao empezó como la de la mayoría de los venezolanos que llegan para trabajar irregularmente y de forma totalmente precaria en el sector de construcción o del servicio doméstico. En su caso, tras haber ejercido diversos oficios, le surgió la oportunidad de dedicarse a las artes, que era a lo que había dedicado su vida anterior en Venezuela, y empezó a pintar murales.

Con la llegada de la pandemia pareció que todo se acababa pero las autoridades de la capital decidieron embellecer la ciudad preparándola para el día después, cuando necesariamente la actividad y el turismo habían de recuperarse. Esto ofreció una oportunidad laboral inesperada a Loaiza, que se convirtió en uno de los principales muralistas de Curazao aún en su situación de inmigrante irregular. Las autoridades locales le dieron trabajo, pero no papeles: quieren evitar cualquier narrativa que cuente una historia de éxito en la migración que pudiera tener cualquier efecto llamada.

La diferencia entre lo que se puede ganar en Curazao y lo que se gana en Venezuela es abismal y cualquier sueño de convertirse en ciudadano holandés, es decir, ciudadano de la Unión Europea. La migración venezolana ya supera ampliamente el 10% de la población de la isla y una ola migratoria descontrolada resultaría catastrófica. La situación de los derechos humanos de los migrantes detenidos es muy precaria, como denuncian varias ONGs, y los migrantes en situación de detención que viven en contenedores a la espera de ser deportados son ya demasiados.

A pesar de haber conseguido el éxito profesional en la isla, de haber incluso expuesto sus obras en el Museo Nacional de Curazao y haberse hecho un nombre entre galeristas y marchands que venden cuadros para decorar las nuevas residencias que holandeses se construyen sin cesar, Loaiza solo piensa en el día que pueda regresar.

Esta es la historia de cualquier migrante que se haya visto forzado en contra de su voluntad a salir de su país: prepararse para regresar. Como ex “militante de los sueños de la felicidad”, Loaiza conserva aún la ilusión de que Venezuela se normalice y de que él pueda volver a reunirse con lo que quede de la familia que dejó atrás. Loaiza pinta, pinta y pinta, no le falta trabajo e incluso goza ya de cierta fama en la isla, pero sufre una soledad irremediable, y sueña los días en los que ojalá podrá volver.