Escándalos de corrupción, narcotráfico, pobreza extrema y altas tasas de femicidio, son resultados del contexto de gobernanza en Honduras. Si damos un paso atrás, las causas fundamentales de este mal tienen una clara la relación con el brutal asesinato contra Berta Cáceres. Berta, una activista ambiental y de los derechos humanos de origen Lenca indígena, fue asesinada durante una batalla ardua, protegiendo tierra indígena de un embalse hidroeléctrico con claros intereses políticos y privados.
La conexión entre el abuso de derechos humanos en Centroamérica, como en el caso de Berta, suele omitir el contexto de responsabilidad por parte de los EE.UU. Sin embargo en un artículo de The Guardian se reveló evidencia clave de un asesinato extrajudicial que involucra a tres partes: La primera es la DESA (la empresa detrás del embalse). El segundo es el gobierno hondureño, dado que estaba a cargo de la protección de activistas, como la de Berta. Y tercero son las fuerzas armadas de los EE.UU, puesto que fueron ellas las que entrenaron por lo menos a dos de los ocho hombres arrestados en conexión al asesinato de Cáceres.
En este contexto, siete hombres han sido declarados culpables por la corte suprema de Honduras y 16 oficiales del sector público y privado, incluyendo el presidente de DESA, fueron acusados este año por fraude y actividad ilícita respecto del asesinato de Cáceres. Además, el presidente de DESA, Roberto David Castillo Mejía, fue subteniente de Inteligencia Militar en la FF.AA. de Honduras, y se graduó de la academia militar notoria de los EE.UU., West Point.
