La declaratoria generalizada de cuarentena obligatoria a nivel global ha visibilizado la desigualdad en el mundo y sus consecuencias sociales. A raíz de esto, se ha democratizado el debate del acceso a una Renta Básica Universal (RBU), es decir, la asignación de una cantidad de dinero incondicionado y de acceso universal a los ciudadanos de un país con la finalidad de garantizar sus necesidades básicas.
El Banco Mundial estima una posible contracción de al menos 5,2% del PIB mundial para el 2020. Con esta previsión, pareciera que la premisa de una RBU es aplicable sólo en países con economías estables. Finlandia, Canadá y Estados Unidos - sí, el gigante capitalista- ya han tenido experiencias piloto y en países como Alemania y Francia lo están discutiendo. Pero Kenia, un país todavía lejos del desarrollo, gracias a la ONG Give Directly, ya ha puesto en práctica un ensayo que está dando buenos resultados.
En España, país con uno de los mayores índices de desigualdad en la Unión Europea, como consecuencia de la pandemia se aprobó que a partir de junio 2020, 2,3 millones de personas en situación de mayor pobreza comenzarán a cobrar el Ingreso Mínimo Vital, una renta mensual entre 461 y 1100 euros (dependiendo de la edad y las circunstancias familiares), con la finalidad de garantizar la cobertura de las necesidades básicas. El IMV no es una RBU porque excluye su carácter incondicional y universal, pero está muy cerca. La propuesta presentada, por ejemplo, en Colombia es muy similar.
