Dado que el acaparamiento de tierras se está convirtiendo rápidamente en uno de los problemas más acuciantes de derechos humanos de nuestro tiempo, la Corte Penal Internacional ha comenzado a reconocer que la máscara del desarrollo económico puede ocultar muchos crímenes contra la humanidad. En efecto, la destrucción del medio ambiente, la incautación ilegal de tierras y la explotación ilegal de los recursos naturales pueden tener efectos devastadores sobre el derecho de las personas a una vida saludable, segura y digna.
El 7 de octubre de 2014, como socio de Global Diligence LLP, presenté una Comunicación (similar a una “queja”) en nombre de las víctimas de Camboya ante la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya. La Comunicación pidió a la fiscal que investigara los crímenes en masa relacionados con el frenesí de acaparamiento de tierras que ha plagado a Camboya durante los últimos 20 años. En el documento, sostuvimos que aproximadamente 850,000 personas se han visto afectadas negativamente por conflictos territoriales, y unas 300 a 400,000 ya han sido desalojadas de sus tierras; tan solo en Phnom Penh, 145,000 personas han sido desplazadas. Quienes se resistieron al desalojo fueron expulsados mediante el uso de gases lacrimógenos, porras y munición de guerra. Algunos han sido asesinados, violados, golpeados brutalmente y encarcelados por cargos falsos. La población indígena minoritaria, dada a su particular dependencia de la tierra y su apego cultural a esta, se ha visto afectada de manera desproporcionada.
