La elección de Donald Trump a la presidencia de los EE. UU. plantea una grave amenaza para los derechos humanos; en los EE.UU. y en todo el mundo. Para hacer frente a esta amenaza, el movimiento global de derechos humanos, y en particular sus componentes estadounidenses, debe cambiar sus prioridades y reorientar su trabajo. Es necesario someter a un escrutinio mucho más cuidadoso a las políticas estadounidenses dentro del país y en el extranjero. Bajo la dirección de Trump, se debe tratar a los EE. UU. como parias en materia de derechos humanos, peligrosamente incompetentes para defender los valores universales que el Sr. Trump desprecia de manera tan evidente.
Las cosas no pueden seguir como de costumbre. Sin embargo, en su comunicado de prensa posterior a las elecciones, Human Rights Watch (HRW), al mismo tiempo que documentaba las posturas anti derechos humanos de Trump y lo instaba a renunciar a ellas, también sugirió que hacerlo aumentaría la credibilidad de los EE. UU. para promover los derechos humanos y el Estado de derecho en el extranjero. HRW instó a un debidamente instruido Trump a centrarse en las “... progresivas restricciones, a nivel global, sobre la sociedad civil y la libertad de expresión; por ejemplo, en Rusia, China, Egipto, Etiopía y Bangladesh... y presionar para que cese la represión creciente en países cuyos gobiernos cada vez consolidan más su poder, como Turquía”.
Pedirle a Trump que defienda los derechos humanos es como pedirle a Nigel Farage que hable a favor de los derechos de los migrantes en Polonia. ¡No! Pedirle a Trump que defienda los derechos humanos en Bangladesh, Egipto o Turquía es como pedirle a Nigel Farage que hable a favor de los derechos de los migrantes en Polonia.
