Una versión de este artículo fue inicialmente publicada aquí en el Blog Global de Dejusticia.
El 23 de junio de 2016, el gobierno colombiano firmó un histórico acuerdo de cese al fuego con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para ponerle fin a 50 años de conflicto; y se espera que el acuerdo final de paz sea firmado en las próximas semanas. Durante estas conversaciones, además, se ha discutido bastante sobre el blindaje jurídico del acuerdo, bajo el entendimiento entre las partes de que con el acuerdo de paz vendrán varios compromisos, a nivel doméstico e internacional. Es así como el acuerdo de paz es entendido no solo como meras declaraciones políticas, sino también como un documento que crea deberes de obligatorio cumplimiento para garantizar una paz estable y duradera. Con todo, el acuerdo de paz asegurado jurídicamente no garantiza que el conflicto terminará ni que Colombia se convertirá súbitamente en un país más seguro.
El éxito de la paz no solo requiere que el acuerdo tenga seguridad jurídica, sino también, y principalmente, un proceso político de base que incluya el apoyo popular. A la fecha, el gobierno y las guerrillas han hecho poco para ganar apoyo popular en torno al acuerdo. De hecho, mucho críticos se han opuesto a los avances de la Mesa de Negociaciones de la Habana, y algunos, incluyendo al ex presidente Álvaro Uribe Vélez, han llamado a la “resistencia civil” argumentando que el acuerdo promueve la impunidad. Sumado a esto, los niveles de conocimiento ciudadano de las temáticas del acuerdo de paz son bajos, la legitimidad y confianza popular en el proceso han disminuido en los últimos meses, la polarización y los abusos de derechos humanos que están cometiendo grupos post-paramilitares siguen en aumento, y las estrategias políticas para incentivar el apoyo popular son inexistentes.
