Hace más de un año, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura sostuvo que la tortura es una práctica generalizada en México, una acusación que el gobierno mexicano rechazó con vehemencia. Para muchos observadores, la reacción de enojo de parte del gobierno mexicano se debió específicamente al vínculo entre el término “generalizada” y el Derecho Penal Internacional; de manera más específica, a la clasificación de los crímenes de lesa humanidad. Durante más de dos décadas, los sucesivos gobiernos mexicanos han enfrentado las presiones generadas por las recomendaciones no vinculantes de los órganos de tratados de la ONU, los titulares de mandatos del Consejo de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las sentencias vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero enfrentar la posibilidad de la responsabilidad penal individual es una cuestión totalmente distinta. El reciente informe de Open Society Justice Initiative ha dirigido los reflectores nacionales e internacionales hacia el polémico pero inevitable debate sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en México.
Por supuesto, el argumento de que las fuerzas gubernamentales y los grupos delictivos organizados cometen crímenes de lesa humanidad en el contexto de la brutal “guerra contra el narcotráfico” en el país no es algo nuevo. Ya ha estado sobre la mesa, y sobre el escritorio de la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), durante algunos años. Pero el informe de Open Society es, hasta la fecha, la elaboración más detallada, rigurosa y contundente de esta postura. Basado en gran medida en una revisión cuidadosa y sistemática de los datos oficiales, el informe argumenta de manera convincente que hay “fundamentos razonables para considerar que existen actores tanto estatales como no estatales que han cometido crímenes de lesa humanidad en México”. La recomendación principal del informe, sin embargo, no es que la fiscal de la CPI deba abrir formalmente una “investigación preliminar” sobre la situación. Por el contrario, el informe sugiere la creación de una “entidad de investigación internacional, con sede en México, que tenga el poder de investigar y perseguir causas de manera independiente en materia de crímenes atroces y casos de gran corrupción”. En términos generales, esto podría parecerse a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el organismo internacional independiente de las Naciones Unidas creado, a solicitud del gobierno de Guatemala, para investigar a los grupos delictivos que han infiltrado las instituciones del Estado.
