Durante la 50° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizada el mes pasado, los Estados miembros decidieron sobre las políticas y acciones que guiarán el actuar del foro multilateral para el próximo año.
Como veníamos adelantando desde Amnistía Internacional, esta Asamblea representaba la oportunidad para que los Estados que la conforman centraran sus actuaciones en materia de derechos humanos y, así, entre otras cosas, condenaran de forma enérgica las medidas represivas que algunos países en el hemisferio americano han empleado para combatir la pandemia de la Covid-19.
El uso de medidas represivas en nuestro continente no es algo nuevo. En nuestra carta abierta en ocasión de esta Asamblea General, que fue acompañada de una proyección multimedia en la fachada del edificio principal del OEA, ya denunciábamos cómo las medidas represivas durante la pandemia fueron una continuidad de lo que ya habíamos presenciado antes en el continente. En países como Chile y Nicaragua fuimos testigos de medidas represivas que desembocaron en graves violaciones a derechos humanos, e incluso crímenes del derecho internacional, con el objeto de acallar a quienes se manifestaban para exigir reivindicaciones sociales.
