La Organización de Estados Americanos (OEA) se estableció en 1948 con el objetivo de buscar un orden de paz y de justicia, fomentando la solidaridad, robusteciendo la colaboración y defendiendo la soberanía, la integridad territorial y la independencia. Marcada por haber presenciado los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional buscaba consolidar la doctrina de los derechos humanos, como frenos mínimos al actuar estatal.
Ahora enfrentamos a una nueva amenaza global: una pandemia que no respeta fronteras, género, ni clases sociales, y que afecta desproporcionadamente a grupos en situación de vulnerabilidad. Por supuesto que los Estados pueden tomar medidas excepcionales para combatir la crisis sanitaria más grande de nuestros tiempos, pero éstas nunca podrán desconocer la indivisibilidad, el respeto y la garantía de los derechos humanos. Es más, la misma OEA en su resolución “Respuesta de la OEA a la pandemia de Covid-19”, ha instruido a sus Estados miembros a hacer frente a la crisis garantizando el pleno respeto de los derechos humanos.
La pandemia de Covid-19 nos confronta a los viejos males de nuestra región. Nuestros sistemas de salud pública están, en su mayoría, insuficientemente dotados de recursos. Las débiles protecciones laborales, el alto porcentaje de personas en trabajo informal y la pobreza son, sin lugar a dudas, un coctel perfecto para profundizar la desigualdad y la discriminación en las Américas. Y como si fuera poco, además hemos visto el empleo de medidas represivas bajo el pretexto de combatir la pandemia.
