Sudamérica cerró 2019 con meses convulsionados, que nos mostraron los límites de sus instituciones democráticas para canalizar el conflicto político. Las protestas callejeras contra las instituciones gubernamentales de la zona andina señalaron la incapacidad de las instituciones políticas para procesar los conflictos que dividen a esas sociedades. Sin embargo, solo en Bolivia las protestas dieron lugar a una finalización anticipada del mandato presidencial. En este caso, la decisión del presidente Evo Morales de ignorar tanto la prohibición constitucional como el resultado de un plebiscito que le negaban la posibilidad de presentarse a una tercera reelección incentivó la movilización de la oposición, ante las sospechas de manipulación provocadas por una interrupción del conteo rápido de votos. A las protestas callejeras se sumaron un acuartelamiento policial y la «sugerencia» militar de que el presidente renunciara. Ante esas circunstancias, Morales partió al exilio dos meses antes de terminar su mandato.
Si bien la desaceleración del crecimiento económico agudizó las tensiones sociales en toda Sudamérica, el protagonismo de las fuerzas de seguridad distingue el caso boliviano. Más aún: en Bolivia, las Fuerzas Armadas demandaron inicialmente un decreto de impunidad a futuro por las consecuencias de la represión, que tuvo que ser derogado por la presión internacional de organizaciones de derechos humanos. Si la acción de los militares bolivianos estuviera señalando un retorno de los ejércitos latinoamericanos al papel de árbitros políticos que los caracterizó durante la mayor parte del siglo xx, estaríamos frente a un fenómeno cuyos riesgos no pueden subestimarse. La posibilidad de golpear la puerta de los cuarteles ofrece una alternativa a la negociación democrática. Esto reduce los incentivos de los políticos para buscar compromisos y para invertir en el funcionamiento de las instituciones democráticas. Es decir, se podrían volver a generar ciclos de inestabilidad institucional como el que experimentó la propia Bolivia entre 1920 y 1980, periodo en el que sufrió 13 golpes militares.
En cambio, cuando carecen de opción militar, los políticos se ven obligados a invertir en soluciones democráticas incluso frente a crisis profundas. Los compromisos políticos que se producen en consecuencia reducen los niveles de violencia y generan enseñanzas que permiten avanzar en la construcción de instituciones más duraderas, pese a legados regionales de debilidad institucional. Es por ello que el riesgo de un retorno al arbitraje militar significaría echar por la borda el esfuerzo de construcción democrática que, con zigzagueos, encararon la mayor parte de los países de la región en las últimas décadas. Esta posibilidad es especialmente preocupante dado el aumento en el apoyo de la opinión pública a los militares. Según el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (lapop, por sus siglas en inglés) de la Universidad Vanderbilt, el promedio de apoyo a los golpes militares en América Latina es 39% en respuesta al incremento del crimen, y 37% como reacción al aumento en la corrupción. Más aún, el creciente prestigio de las Fuerzas Armadas contrasta con el desprestigio de los partidos políticos en la opinión pública regional.
