Para los activistas de derechos humanos, la victoria de Trump es una nube oscura, pero con una rayo de esperanza. Durante los próximos cuatro años, las agrupaciones de derechos humanos serán inmunes a las acusaciones de complicidad con las maquinaciones de la política exterior de EE. UU.
Una vez que Trump asuma el control, es poco probable que algún crítico de buena fe condene a Human Rights Watch, Amnistía Internacional o sus homólogos locales por ser “agentes del imperio estadounidense”. Después de todo, el nuevo presidente de Estados Unidos rechaza categóricamente los principios fundamentales de los derechos humanos. Aboga por la tortura de los sospechosos de terrorismo, el asesinato de sus familiares, la creación de un registro nacional de musulmanes, la ampliación de las leyes de difamación para silenciar a los medios de comunicación y la privación de la ciudadanía para los hijos de inmigrantes nacidos en EE. UU.
Hasta ahora, la percepción de ser cómplices de las políticas de Washington ha perjudicado frecuentemente a las agrupaciones de derechos humanos. Desde que el presidente Jimmy Carter proclamó su apoyo a los derechos humanos en los 1970, los críticos de la política exterior estadounidense han acusado a las agrupaciones de derechos humanos respaldadas por Occidente de impulsar tácitamente la hegemonía estadounidense. Existen tres versiones principales de esta acusación:
