Durante los últimos diez años, muchos Estados de todo el mundo han tomado medidas para restringir o resistirse abiertamente a las actividades de gobiernos y actores no estatales extranjeros que apoyan a las agrupaciones locales de la sociedad civil. El ataque de 2011 contra las ONG extranjeras y de financiamiento extranjero en Egipto y el acoso contra los ahora llamados “agentes extranjeros” en Rusia son solo los ejemplos más notorios de una tendencia que tiene muchas dimensiones y abarca todas las regiones del mundo y todos los tipos de regímenes. Este fenómeno, al que se conoce como “reducción de espacios”, o “closing space” en inglés, es parte de un aumento general de la resistencia contra la promoción internacional de la democracia y los derechos humanos.
Dado que el apoyo externo para la sociedad civil constituye un elemento clave de las estrategias actuales de promoción de la democracia y los derechos humanos, esta reducción de espacios tiene pertinencia inmediata para los gobiernos, las organizaciones internacionales y las ONG que se han comprometido con este esfuerzo. En consecuencia, durante los últimos años, el fenómeno ha recibido cada vez más atención de los académicos, los responsables de formular políticas y los activistas de la sociedad civil. Sin embargo, como sostenemos en un informe del Instituto de Investigaciones para la Paz de Frankfurt (Peace Research Institute Frankfurt, PRIF) sobre el que se basa esta contribución, los estudios existentes sobre este fenómeno ignoran en gran medida la dimensión normativa del problema en cuestión, o le restan importancia deliberadamente. En la medida en que se llegan a considerar las justificaciones ofrecidas para defender las restricciones al financiamiento extranjero para agrupaciones de la sociedad civil, casi siempre se las descarta como racionalizaciones apenas disimuladas de violaciones del derecho internacional, pronunciadas por algunos gobiernos en funciones que únicamente desean perpetuarse en el poder. Desde una óptica política, esto es comprensible si se considera que el fenómeno de la reducción de espacios suele enfrentar a agrupaciones vulnerables de la sociedad civil contra gobiernos mucho más poderosos. Y, sin embargo, esta desigualdad es tanto notable como problemática.
Una respuesta prometedora a la propagación de la reducción de espacios no puede dejar de incluir una seria consideración de las inquietudes planteadas por los numerosos gobiernos que la impulsan.Es notable porque la crítica de la injerencia externa en nombre de la soberanía nacional y la libre determinación colectiva apunta a principios internacionales bien establecidos, aunque ciertamente no carecen de controversia. Las normas internacionales sobre las que se basa el apoyo externo para la sociedad civil son, por el contrario, informales e implícitas. Es problemática porque la proliferación de la reducción de espacios en todo el mundo sugiere que este no es un problema que se pueda manejar simplemente tratando de convencer, marginar o, de ser necesario, combatir a unos cuantos gobiernos “equivocados”. Una respuesta prometedora a la propagación de la reducción de espacios no puede dejar de incluir una seria consideración de las inquietudes planteadas por los numerosos gobiernos que la impulsan, de una u otra manera. Esto reviste aún más importancia porque la práctica internacional del apoyo a la sociedad civil, y con ella el debate político sobre el financiamiento extranjero y la reducción de espacios, está inmersa en relaciones de poder fundamentalmente asimétricas y es moldeada por legados poscoloniales profundamente arraigados.
