Una versión de este artículo fue inicialmente publicada aquí en el Blog Global de Dejusticia.
Desde la Chiquita Banana financiando paramilitares, hasta las compañías argentinas que apoyaron el régimen militar de este país, pueden contarse muchas historias respecto de actores corporativos que han apoyado o instigado violaciones a los derechos humanos. En las semanas recientes, sin embargo, dos interesantes desarrollos se han presentado en Latinoamérica dentro del movimiento que demanda la responsabilidad de estos actores económicos por su involucramiento en violaciones graves a derechos humanos.
El primer desarrollo es la decisión del Parlamento argentino de crear una “comisión investigadora sobre la complicidad de grupos económicos con la última dictadura cívico militar” ocurrida en ese país. Esta comisión, apoyada por el partido del entonces gobierno de Cristina Kirchner, estará integrada por un presidente designado por el poder ejecutivo y se compondrá además por 4 diputados y 4 senadores, elegidos por dichos cuerpos. Su misión será redactar un informe que identifique los actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron con esa dictadura, aportando apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza. El informe deberá también formular propuestas concretas y útiles para forjar "la memoria, responsabilizar a los cómplices y consolidar y fortalecer las instituciones de la democracia así́ como reformas legislativas que propendan a desalentar conductas como las investigadas".
