Lo que sucede en línea puede tener consecuencias muy reales fuera de línea. Para algunas personas, estas consecuencias podrían parecer poco importantes, aunque es muy sencillo sacar el contenido de contexto o manipularlo. Pero para los defensores de derechos humanos que tratan de reivindicar la libertad de expresión y el espacio cívico, los riesgos son muy serios y en ocasiones pueden ser mortales. En abril de 2016, Nazimuddin Samad, un joven estudiante bangladesí de derecho, conocido por expresar opiniones seculares en línea, fue asesinado a machetazos y balazos por atacantes desconocidos en Dacca. Anteriormente, en 2013, su nombre había aparecido en una lista negra de 84 blogueros ateos publicada por un grupo de islamistas radicales. Varios otros blogueros de la lista habían sido asesinados el año anterior. Por desgracia, esto no fue un incidente aislado: en Bangladesh, Asia y el resto del mundo, hay personas que están siendo acosadas, amenazadas, detenidas o asesinadas por lo que dicen o publican en línea.
En toda Asia, los gobiernos se están dando cuenta del poder de los espacios en línea y están adoptando políticas y leyes que en efecto penalizan el disenso y la expresión.
En toda Asia, los gobiernos se están dando cuenta del poder de los espacios en línea y están adoptando políticas y leyes que en efecto penalizan el disenso y la expresión en línea, como demuestra la nueva “Ley de Delitos Informáticos (LDI)” de Tailandia. La LDI se aprobó el 16 de diciembre de 2016 y otorga amplias facultades al gobierno para restringir la libertad de expresión aplicar vigilancia y censura y tomar represalias contra activistas. Por ejemplo, los artículos 14(1) y (2) de la nueva ley dan al gobierno la capacidad de perseguir cualquier cosa que designen como información “falsa” y, en el caso del artículo 14(1), “distorsionada”; ambos son términos imprecisos de los que se puede abusar con facilidad.
