El 22 de abril de 2021 se aprobó el Acuerdo de Escazú, que se esperaba fuera una herramienta de seguridad para el medio ambiente y quienes lo protegen que sería rápidamente adoptada por los gobiernos latinoamericanos. Pero la realidad es diferente.
Nueve años. Esa fue la duración de las negociaciones, pasos políticos y legislativos que tuvieron que darse para que el Acuerdo de Escazú fuera ratificado por 12 países de Latinoamérica.
En una región donde la explotación de las materias primas se disparó en las últimas tres décadas, firmar un acuerdo que protegiera los recursos naturales y a quienes los defienden de la depredación era necesario, sino urgente. La dependencia de la extracción de materias como el oro, el carbón y el petróleo hicieron que en muchos países latinoamericanos estallaran conflictos ambientales. La extracción de cualquier materia prima implica, muy probablemente, afectar negativamente al ecosistema que las rodea y a las comunidades que dependen de él.
