La democracia en México está retrocediendo y sólo hay un responsable: el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). No se trata de un acto deliberado de parte suya para cancelar las mejoras democráticas del país durante su transición (1977-1996). El problema es que sus principios políticos, a los que se refiere como “lo que estima más importante en la vida,” no son totalmente compatibles con el funcionamiento de una democracia moderna, esto es, una fórmula de resultado incierto para elegir gobiernos para un tiempo limitado.
Para entender esto, echemos la mirada atrás al desarrollo político reciente de México. Entre 1977 y 1996, el país transitó de un régimen autoritario bajo el hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI) a una democracia multipartidista. Diferentes razones se han dado para ello. Primero, el contexto internacional marcado por los nuevos vientos democráticos que soplaron en el sur de Europa (Portugal y España), que luego soplarían con fuerza en América Latina y Europa del Este. En segundo lugar, la política interna del país marcada por la actividad guerrillera y el bochorno público que significó para el régimen del PRI que su candidato presidencial en 1976, José López Portillo, contendiera solo. En este contexto, el PRI permitió una modesta apertura política con la aprobación en 1977 de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales (LOPPE). Esta ley introdujo dos cambios importantes. Primero, cambió la fórmula de asignación de escaños en la cámara de diputados al introducir un sistema mixto de representación que garantizaba un mínimo de escaños a la oposición. En segundo lugar, otorgó reconocimiento legal a todos los partidos políticos —incluyendo al hasta entonces marginado Partido Comunista Mexicano— y los definió como “entidades de interés público.”
El objetivo del PRI al aprobar la LOPPE no era desencadenar una transición democrática, sino dotarse de un barniz democrático. Sin embargo, involuntariamente, este hito marca el comienzo de una transición que se alargó hasta 1996 y cuyo objetivo fue doble: quitarle la autoridad electoral al PRI-gobierno y ponerla en manos de un organismo autónomo. Esto se logró a través de casi dos décadas de negociaciones formales e informales entre el gobierno y la oposición. Los líderes de la oposición contaban con dos bazas a este fin: apoyo legislativo en las cámaras y capacidad de movilización callejera contra los continuos fraudes electorales en este período. La transición mexicana a la democracia, de hecho, puede resumirse como un círculo virtuoso entre fraude electoral, protestas callejeras, y reformas electorales. No es casualidad que las principales reformas se aprobaran en torno a una elección federal: 1986, 1989-1990, y 1993-1994. Finalmente, el ciclo de retroalimentación del círculo se cerró en 1996 con un cambio constitucional que otorgó en definitiva plena autonomía al Instituto Federal Electoral (IFE) con respecto al poder ejecutivo.
