La opinión ortodoxa celebra los grandes avances que se han logrado en los últimos años en relación con los derechos económicos y sociales. El proceso de incluir esos derechos en las constituciones se ha movido con rapidez en los años recientes. Los tribunales de varios países han generado jurisprudencia valiosa, los Estados miembros de la ONU adoptaron un mecanismo de quejas (Protocolo Facultativo) relacionado con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la ONU estableció varios nuevos mandatos dedicados a la vigilancia de estos derechos. Efectivamente, los organismos internacionales de derechos humanos han dedicado mucho más tiempo a discutir esos derechos de lo que hacían antes.
En muchos aspectos, sin embargo, el enfoque actual del sistema internacional de derechos humanos prácticamente garantiza el peor resultado posible. Por un lado, el enfoque correcto insiste en que los derechos económicos y sociales son inseparables de, y tienen la misma importancia que, los derechos civiles y políticos, lo que sugiere que pueden ofrecer una respuesta significativa a la pobreza extrema, la desigualdad extrema y otras formas de injusticia social desenfrenada. Por otro lado, el sistema internacional de derechos humanos margina sistemáticamente esos derechos, tolera una situación en la que la mayoría de los Estados evitan su adecuado reconocimiento y no responsabiliza a nadie cuando se les ignora de forma rutinaria.
Muchos de los Estados que gozan de los niveles de vida más altos del mundo han rechazado expresamente las propuestas para reconocer los derechos económicos y sociales de forma legislativa o constitucional. Pero incluso en países cuyas constituciones consideran que los derechos económicos y sociales son justiciables, los tribunales rechazan o se resisten a las propuestas para hacerlos efectivos.
