El nuevo mandato de Lula tuvo un comienzo difícil. Al jurar su cargo el 1 de enero de este año, prometió reconstruir un país en "ruinas terribles". Pero no fueron sólo ruinas lo que tuvo que afrontar. Había asuntos que le esperaban, muchos huevos de serpiente que incubar en diferentes nidos dentro de la administración de la que se haría cargo.
Sin embargo, parece que Lula ha decidido dormirse en los laureles como un exitoso político pragmático y negociador, lo que significa seleccionar acciones poco sistémicas y asociarse y transigir con personas que están decididas a socavar lo que él dice defender.
Sus promesas electorales de crecimiento macroeconómico, lucha contra la desigualdad y el hambre, aumento del salario mínimo y de los impuestos sobre el patrimonio, lucha contra la pobreza, vivienda social financiada por el Estado y freno a la deforestación (deforestación neta cero) y a la minería ilegal parecen avances positivos frente al contexto de Bolsonaro. Pero sólo podrían funcionar dentro de un marco integral de derechos humanos que tendría que incluir la grave situación mundial del ecocidio.
