El Congreso brasileño, dominado por lobby del agronegocio y por la ultraderecha de Bolsonaro (cuyo partido obtuvo 99 diputados sobre 513 en las últimas elecciones), ha dado un golpe durísimo a la agenda medioambiental e indigenista del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
Sectores del propio PT, partido del presidente, han dado la espalda a una agenda que les genera problemas con sus apoyos en los territorios, presionados por la necesidad del crecimiento y las urgencias de la reducción de la pobreza.
El martes, 30 de mayo, los legisladores aprobaron el proyecto de ley conocido como “marco temporal”, que establece la fecha de la promulgación de la Constitución brasileña – octubre de 1988 – como la fecha determinante para la demarcación de tierras indígenas. Según esa tesis, sólo las tierras indígenas que comprobadamente estaban habitadas por grupos indígenas serán consideradas para la protección legal. Pero esta comprobación es extremadamente problemática para la gran mayoría de los territorios indígenas y fomenta la apropiación indebida, la deforestación sin freno y el desprecio a los derechos ancestrales.
