Mientras la violencia y la explotación asociada con el comercio ilegal de diamantes son hoy ampliamente conocidas, hay menos conciencia global sobre la violencia asociada a la extracción de oro. En 2014 un reporte periodístico identificó los intercambios ilegales de oro entre algunos países de Sur América y el norte global. De un lado están Colombia, Bolivia, Perú y Brasil y del otro están Canadá, Estados Unidos, Suiza, las Islas Malvinas, Panamá y varios países europeos. La investigación mencionada encontró que la minería ilegal de oro no solo afecta de forma negativa los ingresos fiscales de un país, sino que además está directamente relacionada con el tráfico de personas –particularmente de niños y niñas- y con la perpetuación del conflicto al servir de fuente de financiación a grupos armados.
Si bien la minería legal e ilegal tienen varios problemas en común (como la contaminación de fuente hídricas o el desplazamiento de poblaciones locales), estos problemas aumentan cuando la extracción mineral es realizada por fuera de los marcos legales regulatorios. En este punto, es necesario diferenciar entre la minería ilegal y la minería informal, pues a menudo son confundidas. La primera no puede ser formalizada porque, por ejemplo, viola las leyes ambientales o tiene condiciones laborales inseguras para sus trabajadores y, además, en algunos casos, conlleva a la minería criminal. Por el contrario, la minería informal consiste en la falta de títulos mineros que eventualmente pueden ser formalizados. El problema con la minería informal es que la falta de títulos facilita el tráfico de oro ilegal.
