Personal sanitario y órganos de justicia de estados mexicanos fronterizos con Estados Unidos incumplen sistemáticamente la normativa federal que obliga a ofrecer servicios urgentes de aborto a víctimas de violación, revela una investigación de openDemocracy y La Verdad de Juárez.
Una normativa federal permite a mujeres y niñas abortar si son víctimas de violación. Pero los hospitales y la policía de estados del norte de México – donde hay un índice creciente de violencia sexual y una alta prevalencia de embarazos adolescentes – impiden que las embarazadas por abuso sexual decidan sobre su salud, afirman fuentes médicas y defensoras de derechos.
En 2022 dieron a luz en México más de 9.000 niñas de 14 años (la edad de consentimiento varía de un estado a otro, pero la menor es de 15 años) y se denunciaron más de 56.000 casos de abusos sexuales y violaciones. En 2022, se le negó el aborto a una niña de 13 años en el estado de Chihuahua. Otra niña de 13 años corrió la misma suerte en Sonora en 2016.
