En estas líneas presento una síntesis de los principales hallazgos de la investigación sobre el uso de la fuerza letal en Venezuela que realizamos en el marco del proyecto regional Monitor del uso de la fuerza letal en América Latina, un estudio comparativo de Brasil, Colombia, El Salvador, México y Venezuela.
Desde el punto de vista normativo Venezuela puede considerarse un país de avanzada en cuanto a la regulación del uso de la fuerza letal por parte de los cuerpos de seguridad, nuestra Constitución así como el resto del bloque normativo tiene como núcleo la defensa de la vida, contempla la rendición de cuentas por parte de las autoridades, además de contar con manuales y protocolos de actuación especializados. Sin embargo, nada de esto se aplica efectivamente, así lo comprueban las evidencias de nuestros estudios sobre las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado.
Al analizar las informaciones oficiales disponibles puede apreciarse una clara tendencia al aumento de este tipo de muertes. Si bien las denuncias de excesos policiales son de vieja data en el país, éstas se incrementan de manera más abrupta y acelerada a partir del año 2013, y presentan grandes saltos en 2015 y 2016, cuando se hace énfasis en campañas de operativos policiales militarizados. En 2010, la tasa por cada cien mil habitantes (pccmh) de personas fallecidas por intervención de la fuerza pública era de 2,3, y en 2016 llegó a 19. ¡Se trata de un incremento de 726%! Entre 2010 y 2017 han muerto en manos de las fuerzas de seguridad del Estado unas 18.401 personas, el 60% de estos casos ocurrieron entre 2016 y 2017.
