Nicaragua cumple dos años desde el inicio de la crisis de derechos humanos más importante de su historia reciente. Su inicio puede rastrearse al 18 de abril de 2018, cuando inició una serie de manifestaciones cívicas y sociales como protesta a distintas decisiones gubernamentales. Las movilizaciones fueron reprimidas intensamente por el Gobierno, ocasionando múltiples violaciones a derechos humanos. La gravedad de los hechos, llevó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendara al Estado de Nicaragua constituir un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para investigar los hechos de violencia acaecidos en el país entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018. Esto fue aceptado por el gobierno de Nicaragua. El GIEI comenzó su tarea en ese país el 3 de julio de 2018 y, a fines de diciembre de ese mismo año, publicó el informe final con los principales hallazgos y recomendaciones.
En el informe del GIEI documentamos que las protestas que iniciaron el 18 de abril, no fueron producto de un acontecimiento asilado, sino de años de procesos institucionales y prácticas estatales que fueron coartando la expresión ciudadana, cerrando espacios, cooptando las instituciones públicas y concentrando el poder en el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. El informe también describe como “sometieron a los otros poderes públicos, - legislativo, judicial y electoral a la voluntad del gobierno” e instauraron “un modelo de control absoluto”.
Durante los seis meses de nuestro mandato, documentamos los patrones de violencia, en especial el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas policiales y grupos paraestatales con capacidad letal como forma de represión, y el aval a la represión por parte del Presidente Ortega, la Vicepresidenta Murillo, así como de otros altos funcionarios de Nicaragua. El GIEI constató, al menos, 109 muertes violentas, más de 1400 heridos y 690 detenidos en los 43 días investigados, así como la actuación cómplice del sistema de salud, la falta de investigación y la ausencia de garantías del debido proceso por parte de la Fiscalía y del poder Judicial. Si bien el periodo investigado por el GIEI abarcó hechos sucedidos hasta el 30 de mayo, la represión se extendió mucho más allá, tal como consta en numerosos informes de la CIDH, la ONU y diversas organizaciones de DDHH. La gravedad de la represión llevó a que miles de nicaragüenses optaran por el exilio.
