IEn julio del año pasado, cuatro organizaciones civiles de Bélgica consiguieron una resolución judicial contra el gobierno autónomo de Flandes. El Tribunal de Primera Instancia de Bruselas ordenó a las autoridades detener el tránsito hacia Israel de productos relacionados con la defensa y otras mercancías aptas para uso militar, a menos que existiera una garantía firme de que se utilizarían exclusivamente con fines civiles legales.
El caso se centró en unos rodamientos de rodillos cónicos que se enviaban desde el puerto de Amberes a un fabricante de material de defensa israelí.
El fallo fue en respuesta a la acción de las organizaciones Vredesactie, 11.11.11, INTAL y la Liga de Derechos Humanos que, previamente, habían rastreado varios contenedores que transportaban componentes con destino a la empresa Ashot Ashkelon Industries, que suministra sistemas de transmisión para vehículos militares israelíes. Las organizaciones argumentaron que el gobierno flamenco no cumplía las normas vigentes en materia de comercio de armas y concesión de licencias.
El tribunal coincidió en que, a primera vista, era probable que ese envío concreto estuviera destinado a vehículos militares y observó que no se había solicitado ninguna licencia de tránsito. Ordenó entonces al gobierno que impidiera envíos similares a menos que se pudiera garantizar su uso civil lícito y le impuso una multa de 50.000 euros por cada tránsito que violara esta orden, hasta un máximo de cinco millones de euros.
Los activistas sostienen que esta decisión estableció un embargo de hecho al tránsito de equipamiento militar a través de Flandes hacia Israel, y ofrece un modelo para movimientos de otros países que intentan hacer responsables a sus gobiernos sobre el comercio de armas.
En esta entrevista, Jo Dirix, activista de Vredesactie, explica cómo esta plataforma de organizaciones rastreó los cargamentos, consiguió apoyo público, recaudó fondos para los gastos legales y ganó en los tribunales, y por qué esta campaña demuestra que, cuando los gobiernos no actúan, la sociedad civil puede obligarlos a que lo hagan.
Este artículo forma parte de una nueva serie de openDemocracy que destaca cómo los movimientos sociales se organizan, innovan y ganan batallas. Se publicó originalmente en CIVICUS Lens, la plataforma mediática de la alianza mundial de la sociedad civil CIVICUS, y se reproduce con permiso.
¿Qué motivó la acción legal y cómo respondió la justicia?
Fuentes fiables y periodistas de investigación nos alertaron de que cuatro contenedores con material militar, mayormente piezas para tanques, eran embarcados a Israel a través del puerto de Amberes. Cada contenedor tenía un código de envío único que permitía rastrear su origen, ruta y destino. Descubrimos que procedían del fabricante de armas francés Timken y se dirigían a Ashot Ashkelon Industries, un proveedor israelí del ejército de ese país. Uno de los contenedores incluía piezas para tanques Merkava, que se están utilizando para el genocidio de Israel en Gaza.
Como los contenedores se transportaban sin control alguno, sin que las empresas solicitaran las licencias pertinentes, presentamos una denuncia ante los funcionarios de aduanas. Solo entonces intervinieron y detuvieron un contenedor para revisarlo.
Sin embargo, y a pesar de una intensa presión pública, el gobierno flamenco dio largas al asunto y se negó a transparentar la intervención de los funcionarios de aduanas. Después de esa primera intervención, las autoridades dejaron pasar otro contenedor por el puerto. Ahí nos dimos cuenta de que la acción legal era la única opción que nos quedaba.
No exigíamos nuevas leyes; solo queríamos que se aplicaran las que ya existen. Nos movilizamos, presionamos, fuimos a la justicia y ganamos. En el plazo de un mes, el tribunal dictaminó que el gobierno flamenco había infringido su Decreto sobre el comercio de armas de 2009, que prohíbe la exportación de armas cuando existe un riesgo grave de violaciones de los derechos humanos. Este riesgo es innegable en el actual asalto de Israel a Gaza. La decisión del tribunal fue igualmente clara: estos envíos deben detenerse.
¿Por qué es tan importante esta sentencia a nivel nacional e internacional?
La clave está en su mecanismo de ejecución. El juez impuso una multa de 50.000 euros (unos 58.000 dólares) por cada infracción futura, pagadera directamente a las cuatro organizaciones de la sociedad civil que interpusimos la demanda: 11.11.11, INTAL, la Liga de Derechos Humanos y Vredesactie. Esto obliga al gobierno flamenco a cumplir sus propias leyes, con consecuencias económicas reales en caso de incumplimiento. En la práctica, supone un embargo de armas de hecho desde Flandes hacia Israel.
El caso también reveló una falta total de control sobre el tránsito de armas. Demostró que, en varios casos, las autoridades aduaneras no pidieron los permisos a las empresas ni inspeccionaron los cargamentos. Esta negligencia sistémica quedó al descubierto y ya no debería ser posible.
La sentencia envía un mensaje contundente: cuando los gobiernos no hacen cumplir sus leyes, la sociedad civil puede intervenir, y lo hará. El gobierno flamenco ha afirmado que podría recurrir el fallo, pero la presión pública está cambiando el panorama político.
Los partidos demócrata cristiano y socialdemócrata (que conforman la coalición gobernante) ya están perdiendo apoyo por su silencio sobre Gaza, y creemos que el costo político de apelar el fallo sería demasiado alto. La presión pública está surtiendo efecto y está empujando al gobierno a cambiar su postura.
La sentencia también tiene implicaciones más allá de Bélgica. La jueza basó su decisión no solo en la legislación flamenca, sino también en tratados internacionales, como las Convenciones de Ginebra y el Tratado sobre el Comercio de Armas. Esto significa que puede servir de precedente jurídico y político.
¿Qué lecciones puede extraer la sociedad civil de otros lugares de esta experiencia?
Esta victoria demuestra el poder de la sociedad civil cuando trabaja junta. Ninguna organización habría podido por sí sola. Vredesactie se encargó de la investigación y la coordinación de la campaña, INTAL movilizó a la ciudadanía e impulsó la acción legal, 11.11.11 gestionó las comunicaciones y el acceso a los círculos políticos, y la Liga de Derechos Humanos aportó su experiencia jurídica. Cada una de nosotras colaboró con algo diferente y, en menos de un mes, pasamos a la acción y ganamos.
El apoyo de la ciudadanía también lo hizo posible. En menos de cuatro semanas, recaudamos más de 15.000 euros (unos 17.500 dólares) para cubrir los gastos legales. Este grado de solidaridad demuestra que a la población belga le preocupa hondamente la causa palestina y está dispuesta a actuar cuando el gobierno guarda silencio.
Pero quizá la lección más importante sea la perseverancia. La resistencia adopta muchas formas: protestas, demandas judiciales, declaraciones públicas e incluso consignas escritas con tiza en el suelo. Todos sentimos la desesperación, pero no debemos dejar que nos detenga. No estamos indefensos. Si lo estuviéramos, no se esforzarían tanto por silenciarnos o por tergiversar los hechos.
Cuando las autoridades hacen la vista gorda mientras las armas fluyen hacia un gobierno que comete genocidio y crímenes de guerra, la sociedad civil debe actuar. No podemos decir que esta no es nuestra lucha. Debemos hacer algo. No presentamos esta demanda porque supiéramos que íbamos a ganar, sino porque no actuar nos habría convertido en cómplices. Esa es la decisión que tomamos. Ahora esperamos que otros hagan lo mismo.
¿Qué retos esperan en esta lucha?
Esta sentencia judicial es una gran victoria, pero nuestro trabajo está lejos de haber terminado. Lamentablemente, la Unión Europea (UE) parece estar caminando hacia la militarización y la desregulación. Nos preocupa especialmente su paquete Defence Readiness Omnibus, que eliminaría los requisitos de licencia para el comercio de armas dentro de la UE, lo que significaría que las armas fabricadas en Bélgica podrían enviarse a Alemania sin control alguno y, a continuación, exportarse fácilmente a Israel. Esto quitaría sentido a las prohibiciones nacionales. Es una laguna jurídica peligrosa, y nos estamos movilizando para impedirla.
Ya presentamos una denuncia contra la empresa FedEx por transportar material militar a Israel por esta vía. También iniciamos acciones contra Challenge Airlines, una aerolínea belga-israelí, por transportar armas a Israel vía Estados Unidos. El año pasado presentamos una denuncia contra ZIM, una empresa israelí dedicada al transporte de armas, y el caso sigue en curso. Además, estamos investigando a empresas tecnológicas belgas cuyos componentes podrían ser parte de aviones de combate israelíes. Todo esto apunta a un patrón más amplio de complicidad gubernamental a través de la inacción.
Al mismo tiempo, estamos poniendo en marcha una iniciativa ciudadana en Flandes para presionar a favor de normas más estrictas sobre las exportaciones de armas. Esta iniciativa obligará al Parlamento flamenco a celebrar un debate público, en el que daremos voz a expertos y a la ciudadanía. Nuestro objetivo es detener no solo el tránsito, sino también las exportaciones directas.
CIVICUS entrevista a una amplia gama de activistas, expertos y líderes de la sociedad civil para recabar diversas perspectivas sobre la acción de la sociedad civil y los temas de actualidad, con el fin de publicarlas en su plataforma CIVICUS Lens. Las opiniones expresadas en las entrevistas son las de los entrevistados y no reflejan necesariamente las de CIVICUS. Su publicación no implica el respaldo a los entrevistados ni a las organizaciones a las que representan.
