Decenas de grupos feministas de Nicaragua que prestan una asistencia crucial a mujeres vulnerables fueron clasificados por el gobierno como “agentes extranjeros” y posteriormente ilegalizados, por lo que ya no pueden operar.
Como resultado de esta prohibición gubernamental, dicen activistas, desaparecen servicios de salud reproductiva, refugios para supervivientes de violencia de género y préstamos y formación para mujeres campesinas –por citar solo algunas actividades que lideran las feministas.
"Es un delirio de control absoluto", dijo María Teresa Blandón, socióloga y destacada feminista que coordina uno de los grupos afectados, La Corriente, que lidera acciones para promover los derechos de las mujeres y del colectivo LGBTIQ. Las autoridades "saben que hay un pensamiento crítico, una defensa de los derechos humanos y una vocación democrática en las organizaciones feministas", dijo a openDemocracy.
