Hoy, Brasil lidera el ranking mundial de homicidios y asesinatos por arma de fuego y es el quinto en homicidios femeninos. Las mujeres negras son víctimas particularmente frecuentes de asesinatos con armas: en 2016, el 66% de todas las mujeres asesinadas por un arma de fuego eran negras.
Si bien el enfoque militarizado de la seguridad pública de Brasil ha contribuido sistemáticamente a la victimización de la población durante operaciones armadas que el Estado justifica a través de una retórica de guerra "nosotros contra ellos" en la lucha contra el narcotráfico, el gobierno de Bolsonaro ha introducido varios cambios en la política de seguridad pública actual que pueden llevar los niveles ya alarmantes de violencia contra las mujeres negras y residentes de las favelas a un nuevo nivel récord.
Estas medidas pueden resumirse en dos cambios significativos en la legislación actual: la flexibilización de los requisitos legales para comprar y portar armas de fuego, implementadas a través de dos decretos presidenciales; y la relajación de las sanciones por excesos cometidos por agentes de seguridad, presentados en el contexto de un paquete de medidas para la seguridad pública que está actualmente en trámite en el Congreso brasileño.
