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“La perpetua violación de los Derechos Humanos en el trabajo que realizan miles de ciudadanos ecuatorianos en las plantaciones de banano en por lo menos seis provincias del Ecuador, no es nuevo”, se denunciaba en una queja presentada ante la Defensoría del Pueblo en el año 2010. Además, advertía que la violación de los Derechos Humanos y constitucionales se daba por un lado, en el abuso de los empleadores o empresarios bananeros; y por otro lado, en la ausencia del Estado ecuatoriano en su capacidad de control. Concluía solicitando la realización de una profunda investigación de los hechos denunciados.
Dos años se demoró la Defensoría del Pueblo en emitir una resolución en la que aceptaba la petición presentada, y determinaba que los Derechos Humanos vulnerados por acción de algunas empresas bananeras eran el derecho a vivir en un ambiente sano, el derecho a la salud, el derecho al trabajo y el derecho a la seguridad social. Por último, aseguraba que las fumigaciones aéreas ponían en riesgo los Derechos de la Naturaleza.
